OPINIÓN|
Recibimos el consejo de cuidarnos, para evitar el contagio del COVID-19, haciendo ver que el comportamiento de la población es proporcional con la difusión del virus. Sin embargo, cuando no localizamos a los infectados de manera preventiva y masiva, este virus circula a nivel comunitario, y cualquier persona hasta en casa sin salir puede sufrir de la patología ante el contacto con un pariente o proveedor accidentalmente. La historia natural de la enfermedad de lo que sabemos afecta de manera distinta a quien la sufre, desde personas asintomáticas o leves manifestaciones hasta el 80 %, en donde lo conveniente es permanecer en el domicilio, de características moderadas un 15 %, que pueden requerir o no necesariamente cuidados médicos de hospitalización y un 5 % que demandan potencialmente cuidados en medicina critica y/o con ventiladores. Entonces con encargos de autocuidado y colaboración ciudadana, cuando se rebasa la capacidad instalada de hospitales locales, en unidades de cuidados intensivos, la situación se torna alarmante.
Que no estuvimos preparados ni social ni con recursos ante semejante pandemia, igual que en el resto del mundo es verdad, más el confinamiento de los meses iniciales consistía en organizar todos los patrimonios disponibles, sanitarios y no sanitarios, para mermar el dolor posible, ante la enfermedad y la muerte, que indefectiblemente debía llegar y seguir con estrategias diarias para contener su agravamiento. A lo mejor se superaron los cálculos primeros, de cómo se comportaría la epidemia en nuestra Ciudad y ello obliga a replantear aspectos de logística de atención para poder brindar los servicios a quienes lo necesiten. Las palabras tienen las autoridades locales para incidir de manera directa en la respuesta obligada, que supera a la visión de un Comité de Emergencia Nacional, que ha respondido con retraso a sus peticiones, ya se ha dicho hasta la saciedad que la gente cercana al problema identifica de mejor manera su situación y los remedios para aquello, sin dejar de exigir a las potestades estatales la prestancia necesaria que no deje indefensa a ningún habitante. (O)
