Si bien son presunciones y, por lo tanto, sujetas a resoluciones judiciales, el caso “Purga” confirmará cuan putrefacta está la administración de Justicia en el Ecuador. Con algunas excepciones, claro está.
Sin embargo, las investigaciones realizadas por la Fiscalía General deben estar lo suficientemente fundamentadas como para sustentarlas ante los jueces.
De allí semejante operativo policial para allanar domicilios y detener a políticos y jueces de la Corte Provincial del Guayas.
Según la fiscal general Diana Salazar, aquel es un caso de delincuencia organizada, gestada “desde las más altas esferas de la política legislativa”, y de usar “la administración de justicia para actos de corrupción al servicio del crimen organizado”.
El maridaje entre algunos políticos y ciertos jueces ha puesto al país en un despeñadero. Se han corrompido ellos. Han corrompido a otros. Han amasando fortunas de la mano de hordas criminales a cuyo servicio se han puesto, comenzando por tomarse la justicia en pos de impunidad, de ganar cuanto juicio se les plantee en su contra o a la inversa.
El caso “Purga” el segundo capítulo del “Metástasis”. Devela, una vez más, la intromisión del crimen en la estructura del Estado a través de sus operadores políticos y de jueces.
La detención de un exasambleísta, otrora mano derecha de un exalcalde, cuyas actuaciones en la legislatura fueron reprochables; la de la expresidente de la Corte Provincial del Guayas, confirma de cuerpo entero la bajeza moral de ciertas castas políticas y sociales, ahora mismo luchando a brazo partido por volver a ser mayoría en el Consejo de la Judicatura; por querer enjuiciar políticamente, censurar y destituir a Diana Salazar; y de abrir la boca a medias o de escribir sandeces.
Todos conocen el significado de la palabra purga. La limpieza de la justicia, si es posible de la mala política, debe ser total, así apeste por algunos meses. Ya basta de enlodar a la República.
