Bajo ningún concepto un Estado debe desentenderse de la salud de sus habitantes. Suponer la inconstitucionalidad de semejante situación es caer en la levedad. Es, más bien, atentar contra el derecho a la vida.
Por diversos motivos el IESS deriva a sus pacientes a las clínicas privadas. Un loable propósito cuya sostenibilidad pasa por pagarlas oportunamente.
Sin embargo, la morosidad del Instituto, lejos de resolverse se ha hecho costumbre. Hablamos de una mala costumbre. Y las consecuencias las sufren los miles de pacientes, cuyas vidas, en el caso de los enfermos renales, por ejemplo, dependen de una máquina de diálisis.
Seis días atrás, una Unidad de Servicios Renales ha comunicado por escrito a los pacientes derivados tanto del Seguro General como del Seguro Campesino, haciéndolos conocer la penuria económica a causa de la morosidad del IESS.
En el primer caso las deudas están pendientes desde 2019. En el segundo desde 2020.
Es natural la reacción de esos pacientes. Entran en desesperación. Los centros particulares requieren de recursos económicos para atenderlos; pues, a más de los insumos médicos deben pagar a su personal de salud, a más de otros gastos colaterales.
De seguir esa situación, los servicios podrían suspenderse, endosando, desde ya, la responsabilidad al Seguro Social, a cuyas autoridades han remitido la referida comunicación; igual al Ministerio de Salud (también en morosidad) y a la Defensoría del Pueblo del Azuay.
Directivos de SOLCA (Cuenca) también reclaman al IESS y al MSP. El primero le adeuda USD 6’158.569. El segundo, USD 7’132.000.
Advierten con no recibir a más pacientes con cáncer derivados de esas dos entidades. El tratamiento seguirá para los actuales, pero la deuda continuará creciendo.
La crisis financiera del IESS es conocida, mucho más la del Fondo de Salud. Es estructural. Pero esto no justifica poner en riesgo las vidas de los afiliados derivados a otros hospitales.
