Cuando una mujer disputa el poder, el castigo puede empezar antes de una sentencia. Se activa el expediente, se impone la medida más gravosa y, en redes, el debate jurídico se mezcla con insultos sobre su cuerpo, su vida privada y su legitimidad para hacer política. Esa violencia busca disciplinar a las mujeres y expulsarlas del espacio público.

El caso de Luisa González obliga a mirar cómo opera el aparato judicial. En la misma investigación, recibió prisión preventiva; otra procesada obtuvo presentación periódica, prohibición de salida y grillete porque tiene a cargo a una persona menor de edad. En otro proceso por presunto lavado, una madre de un bebé lactante también obtuvo medidas alternativas. No son casos idénticos, pero las diferencias exigen razones individualizadas y consistentes. La prisión preventiva debe ser excepcional.

Una decisión desigual no prueba, por sí sola, persecución política. Pero cuando una opositora es encarcelada, el poder punitivo se vuelve advertencia y la misoginia convierte su nombre en blanco de humillación, la pregunta es inevitable: ¿se aplica la justicia con igualdad o se instrumentaliza para castigar la disidencia? Defender el debido proceso no es absolver a nadie; es impedir que la justicia se use para disciplinar políticamente y por razones de género. (O)

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