Tras conocer el informe del Instituto Oceanográfico de la Armada del Ecuador, el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional decretó la alerta naranja ante la presencia inminente del fenómeno de El Niño.
El país “pasa de una etapa de prevención a una de preparación”, si bien no necesariamente empezará a llover de inmediato.
El cambio de alerta obedece al cumplimiento de cuatro fases preestablecidas para hacerlo: índice costero peruano; valor mayor a 0,5; probabilidad de ocurrencia mayor a 67, y el índice ecuatoriano del fenómeno.
Llegó el momento de actuar, de intensificar acciones de prevención específicas para cada territorio, dijo el secretario de Gestión de Riesgos, Cristian Torres.
Los planes de contingencia, se sobrentiende, deben estar listos o por culminar, bajo la responsabilidad de Municipios, Prefecturas, los COE cantonales y demás instituciones.
El Niño no cogerá desprevenida a ninguna región; pues su presencia fue anunciada desde 2022, si bien, como casi todo fenómeno climático, nadie sabe con certeza su impacto. Pero hay duras y amargas experiencias en el Ecuador.
Según el Gobierno, se consiguió financiamiento de USD 500 millones para enfrentar los potenciales daños materiales, sobre todo para prevenirlos.
Los GAD Provinciales y Municipales requieren recursos y equipos camineros. Por ello, la AME y el Congope presentarán, en conjunto, un “amicus curiae” ante la Corte Constitucional (CC) para respaldar la aprobación del Decreto Ley de Urgencia Económica de Gestión de Riesgos y Desastres, presentado por el Ejecutivo hace más de un mes.
Eso dará celeridad a la contratación pública, y poder transferir a aquellos gobiernos seccionales la maquinaria incautada de la minería ilegal. Prevén usarla como herramienta para enfrentar la emergencia.
Ojalá esta vez la CC se ponga al lado de las urgencias derivadas de El Niño. No hacerlo equivaldrá a sumarse a sus destrozos. (O)
