Como no está en juego el interés electoral, 120 asambleístas votaron a favor de las reformas a la Ley de Extinción de Dominio, enviadas a la Legislatura por el presidente Daniel Noboa con carácter de económico urgente.
En la Comisión de Régimen Económico, donde se las tramitó, se hicieron varias observaciones y recomendaciones, en especial de tipo jurídico.
En esa medida, la extinción de los bienes adquiridos de manera fraudulenta será declarada luego de sentencia motivada de un juez competente.
Sobre este aspecto, mucho se ha hablado, a veces sin mayor fundamento, cuando, por ejemplo, se decomisan bienes de narcotraficantes. En algunos casos hasta los han recuperado, quien sabe si, a lo mejor, sobornando a la justicia, pasándolos a terceros o por medio de estos, adquiridos directamente, sea en el país o fuera de él.
Es más, se necesitaba de sentencia condenatoria ejecutoriada. Esta, por lo general, está a merced del tiempo, de la voluntad de los jueces, o de los vericuetos legales.
Empero, esta situación persiste; igual los tiempos de trámite de investigación, en tanto la Fiscalía, al enterarse de la aprobación, hizo pública su preocupación. Además, con antelación hizo recomendaciones en ese sentido a la Comisión; pero no fueron acogidas.
Sin embargo, las reformas aprobadas determinan tres excepciones: cuando los bienes sean de propiedad de uno o varios miembros de grupos de delincuencia organizada, grupos terroristas y actores no estatales beligerantes. Cuando se trate de bienes o activos injustificados; y, cuando se trate delitos flagrantes, respecto de bienes o activos, cuya titularidad se encuentre en propiedad de uno varios de los miembros de los grupos señalados.
A la minería ilegal también se le golpea en lo relacionado a la maquinaria.
Se trata de un gran paso en la ruta trazada para luchar contra el narcotráfico y otras actividades ilícitas.
Se les afectará donde más les duele: en sus recursos mal habidos. Queda aplicar la ley; nada más.
