La desinstitucionalización sigue sumando causas a su favor.
Ahora es el turno del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), cuyo presidente, Fernando Muñoz, fue destituido “de la noche a la mañana”.
Tres jueces se autoconvocaron, “debatieron” supuestos errores administrativos cometidos por Muñoz, y lo destituyeron amparados en el Código Orgánico Administrativo. Este da potestad para, como en todos los órganos colegiados, designar representantes y removerlos si es del caso.
Según Muñoz, sólo la Asamblea Nacional puede ejercer control de quien está al frente del TCE. Denunció algo grave, aunque sin identificar: a las puertas de las elecciones quieren tener el control del Tribunal.
Ese Tribunal administra justicia en materia electoral, “como última y definitiva instancia jurisdiccional”, además del manejo interno de las organizaciones políticas.
En sus manos están varias demandas, y no cualesquier demandas.
Muñoz tenía en sus manos el caso relacionado a la posible infracción electoral seguida en contra de dos vocales del Consejo de Participación Ciudadana, parte de la “liga azul”, identificada con el correísmo, siempre ávido por controlar este organismo.
Además, hace poco votó a favor de revocar el archivo del proceso seguido en contra del Presidente Daniel Noboa, acusado de supuesta infracción electoral.
La presidenta designada, Ivonne Coloma, sustancia la denuncia presentada en contra de la Vicepresidenta Verónica Abad, cuyo destino político está en sus manos.
Y, como para sumar conjeturas, ahora el TCE deberá resolver sobre la denuncia presentada por Abad en contra de Noboa, acusándolo de supuesta violencia política de género.
¿Posiblemente en esos vericuetos radica el meollo de la inesperada destitución de Fernando Muñoz? El tiempo y los hechos lo dirán.
El juego político, no el de la buena lid, parece haber llegado al TCE, repetimos, juez en materia electoral. Nada menos.
