Fue en tiempo récord. Con 84 votos a favor, la Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional. La normativa, enviada con carácter económico urgente por el presidente Daniel Noboa, establece nuevas reglas orientadas a mejorar la seguridad del país.
La ley contempla medidas legales y fiscales para combatir el financiamiento de mafias, proteger a la población civil, fortalecer a las fuerzas del orden y reactivar económicamente las zonas afectadas por la violencia, que se ha agudizado desde enero de 2024.
Se trata además de la primera norma aprobada durante la administración de Niels Olsen. Con los cambios incorporados en los distintos debates legislativos, la ley incluye disposiciones reformadas, como incentivos para la reconstrucción social y productiva, atención prioritaria a víctimas, y acciones para
prevenir el reclutamiento de menores por grupos armados.
Entre los puntos más relevantes, la normativa contempla el incremento de penas por el delito de pertenencia a un grupo armado organizado, así como adecuaciones al régimen de rehabilitación social, con un enfoque en la protección y reparación de personas vulnerables en zonas afectadas por el crimen organizado.
Valentina Centeno, asambleísta oficialista, destacó que este nuevo marco normativo representa una acción firme contra el crimen organizado. Según expresó, la Asamblea envía un mensaje claro con la
aprobación de la ley: el país está unido frente a esta amenaza.
De acuerdo con el articulado, la ley fortalece el accionar de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, ratificando la voluntad política de actuar sin dilaciones ni divisiones ante un riesgo que compro-
mete la seguridad, la economía y la vida de los ecuatorianos.
Además, se establecen regímenes especiales en los ámbitos tributario y penal para desarticular las estructuras económicas del crimen organizado. En materia fiscal, por ejemplo, se permite que empresas privadas donen hasta el 30 % del impuesto a la renta en bienes a favor de las fuerzas del orden, bajo la supervisión del Servicio de Rentas Internas (SRI).
Años de cárcel por pertenecer a un grupo armado La ley también contempla incentivos económicos para apoyar a sectores vulnerables y reactivar la economía en zonas golpeadas por la inseguridad. En el ámbito penal, se tipifica el delito de pertenencia a un grupo armado organizado, con penas de 22 a 26 años de prisión, y hasta 30 años en casos de liderazgo o financiamiento.
Se establece un procedimiento penal especial para los delitos vinculados al conflicto armado interno, ampliando el plazo de juzgamiento a 90 días y asignando la causa a jueces especializados.
La prisión preventiva se considera una medida excepcional, siendo reemplazada por la aprehensión de hasta 48 horas. Asimismo, se excluyen medidas cautelares para policías y militares que actúen dentro del conflicto, aunque estarán sujetos a control judicial posterior.
También se contempla la posibilidad de indultos anticipados para miembros de las fuerzas del orden. El proyecto reconoce la necesidad de proteger y atender prioritariamente a la población civil afectada por el conflicto armado interno. Busca garantizar el acceso efectivo de las víctimas a sus derechos, promoviendo su reparación integral e inclusión en políticas públicas con enfoque de dignidad.
Estas medidas, según el Gobierno, apuntan a fortalecer la solidaridad nacional y la cohesión social en
las zonas más afectadas por la violencia. (I)
