En nuestra ciudad, la política pende de un hilo entre el servicio genuino y el afán de poder. La diferencia no está en la época, sino en la concepción del liderazgo: asumir la autoridad como deber moral al servicio de la comunidad y no como tribuna de protagonismo. Esta es una reflexión urgente: que la razón pese más que la estridencia.

No se trata de exaltar nombres, sino de examinar estilos; gobernar exige resguardar la institucionalidad, promover el diálogo y actuar con sentido de ciudad, muchos caballeros de la política ya lo hicieron. Hoy en Cuenca, lo decisivo no es solo quién ocupa el cargo, sino cómo lo ejerce: si entiende la autoridad como responsabilidad temporal y servicio público íntegro, o como escenario de disputa donde se impone el alineamiento y se margina al discrepante.

Administrar una ciudad no es un acto de grandeza, sino una función sujeta a normas y rendición de cuentas. Cumplir obras es cumplir la palabra dada. Ir más allá no siempre es gobernar mejor, sobre todo cuando se tensiona la legalidad o se debilita la transparencia. El desarrollo que sacrifica la integridad no es progreso: es retroceso.

La democracia se sostiene en el acuerdo y el bien común. Su deterioro suele ser silencioso: no se clausuran instituciones, se las vacía; no se impide fiscalizar, se desacredita; no se cancela el debate, se lo reemplaza por polarización. Cuando el liderazgo se personaliza, la división se vuelve método y el cinismo costumbre, la confianza se erosiona y el adversario deja de ser interlocutor para convertirse en enemigo.

Entonces, el desafío no es esperar salvadores, sino fortalecer instituciones sólidas y transparentes. Cuando el poder olvida que es transitorio y limitado, comienza su degradación; y, cuando la ciudadanía decide desde el conformismo y no desde la razón, se debilita la ciudad como proyecto común. (O)