Nadie está por encima de la Ley. Es una máxima tantas veces repetida, y por más trillada que suene tiene vigencia absoluta.

La debe respetar, desde el ciudadano “común y corriente”, hasta el presidente de la república. O todos o nadie. Les guste o no, por ejemplo, el fallo de un juez, de un tribunal, de quien tenga facultad constitucional para dictarlo.

Todo eso sucede cuando se vive en democracia auténtica, en un verdadero estado de derecho; aunque suene redundante, donde se respete la institucionalidad del país.

Eso no parece ocurrir en el Ecuador actual; aunque su historia de desacatos tiene larga data.

El fallo de un juez, con mayor razón si proviene tras un pedido de hábeas data, debe ser aplicado de inmediato, sin subterfugios, peor con leguleyadas que despierten sospechas.

Respetar ese fallo, guste o no al poder político o a sus operadores, o a cualquier ciudadano, institución, o lo que fuere, enaltece al demandado, le pone en evidencie el error cometido; en conclusión, le dice que ha violado la ley.

Hay varias instituciones con amplísimo poder. Como ocurrió no muchos años a atrás, el poder político trata de cooptarlas, como también lo pretenden sus opositores.

Diríase que ese poder ha llegado a controlarlas, ubicando piezas claves y dóciles.

Si quienes las presiden han sido destituidas, es legal que sean reemplazadas por sus respectivos alternos.

Si se escamotea ese derecho legítimo, es obvio que el perjudicado acuda a le ley para que se le haga justicia. Si le dan la razón, los demás tienen que acatar la resolución del juez.

Pero eso no ocurre, por ejemplo, en el caso de quien debe asumir la presidencia del Consejo de la Judicatura.

Al parecer, en el órgano nominador se ha fraguado una concertación para burlarse de la ley. Un lunar más en su triste historial, si bien poco les importe con tal congraciarse con su antiética y con quienes los manejan.