En su primer año de gestión bajo el mando del presidente Niels Olsen, la Asamblea Nacional acumula la más vario pinta de las calificaciones. 

Si es del lado de la oposición, escasa, por cierto, abundan las críticas, sobre todo por la poca, nula o direccionada fiscalización.

Desde oficialismo, para comenzar, no hay ni siquiera visos de autocrítica. Por lo tanto, todo resultó positivo pese a que varias leyes fueron declaradas inconstitucionales; otras lo fueron en parte. Tal es el caso de Ley de Inteligencia, con la cual se pretendía enfrentar la inseguridad.

Desde la ciudadana, según resultados de varias encuestas, la Asamblea obtiene la más baja de las calificaciones como siempre suele ocurrir.

Casi todas las leyes aprobadas provinieron del Ejecutivo. Todas ellas remitidas con el carácter de económico urgente.

Que se sepa, no hay una norma aprobada que haya nacido en el seno de la Asamblea. Esto no equivale a decir que algún legislador o bancada legislativa no hayan presentado un proyecto de ley, o, cuando menos, de reformas a otras.

La Asamblea ha sido manejada con verticalidad, un comportamiento típico cuando es el Gobierno el que controla la mayoría.

En ese marco, cualquier iniciativa legislativa, peor fiscalizadora, suele pasar; y para justificarlo abundan las razones, que, de tanto repetirlas, se han convertido en lugares comunes.

Si tener una Asamblea en contra, con una oposición ciega y radical, que hasta tenga intentos desestabilizadores, no es lo correcto; tampoco es óptimo ni saludable para la democracia, contar con una Legislatura dócil, acomodaticia y claudicante.

El debate político ha sido pobre. Hay legisladores que no dan la talla moral ni intelectual como para ocupar una curul. Se han preocupado, más bien, de que nadie ose cuestionarlos; ni siquiera entre ellos.

Nada hace presagiar que cambien las cosas en este segundo periodo, sobre todo en cuanto a la fiscalización.