El 28 de mayo no debería ser una fecha simbólica más. Es un recordatorio incómodo: la salud sexual y reproductiva de las mujeres sigue siendo una deuda política, sanitaria y ética en Ecuador. No hablamos solo de controles médicos; hablamos del derecho a vivir sin dolor ignorado, sin diagnósticos tardíos, sin embarazos forzados, sin cánceres prevenibles y sin morir por causas que el Estado pudo evitar.

Las cifras duelen. En 2022 se registraron 3.903 nuevos casos de cáncer de mama y 1.154 muertes; 1.792 casos de cáncer de cuello uterino y 939 muertes; y 507 casos de cáncer de ovario con 331 muertes. La muerte materna tampoco es pasado: en 2024 se registraron 90 muertes maternas, muchas asociadas a pobreza, ruralidad, racismo, violencia y servicios que no llegaron a tiempo.

Y cuando hablamos de aborto, el país sigue atrapado entre la moral punitiva y la hipocresía. En 2022, 15 muertes maternas fueron causadas por abortos; entre 2015 y 2020 hubo 163.900 internaciones por embarazos terminados en aborto. Penalizar no evita abortos: los vuelve clandestinos, inseguros y desiguales.

La salud de las mujeres se posterga porque el sistema todavía mira nuestros cuerpos como territorios de reproducción, no como vidas plenas. Se investiga poco, se escucha menos y se atiende tarde. El 28 de mayo exige decirlo sin rodeos: sin salud sexual y reproductiva no hay democracia ni justicia. Menos en un país que se ha olvidado de la salud de sus habitantes. (O)

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