La conversación alrededor de la papeleta electoral en Cuenca, particularmente para la Alcaldía, ha trascendido los círculos políticos para instalarse en redes sociales, medios de comunicación y conversaciones cotidianas. Durante meses, el escenario parecía orientado hacia una posible reelección de Cristian Zamora. Sin embargo, la incertidumbre jurídica que hoy rodea su participación ha abierto múltiples posibilidades para la contienda de noviembre.
La situación del actual alcalde no deja indiferentes a los sectores más activos de la conversación pública. Incluso entre quienes respaldan la denuncia impulsada por la concejala Diana González existe preocupación por las consecuencias políticas de una eventual exclusión de Zamora de la papeleta. Para un sector importante de la ciudadanía, el problema ya no es solamente jurídico, sino de percepción. La idea de que las instituciones electorales y judiciales actúan bajo presiones políticas se ha instalado con fuerza en el debate público. Esa sospecha no es exclusiva de grupos afines al alcalde; forma parte de un clima más amplio de desconfianza hacia las instituciones y hacia el ejercicio del poder.
Por supuesto, los procesos judiciales deben seguir su curso y las denuncias deben investigarse con seriedad. Pero también es cierto que las decisiones adoptadas en contextos electorales tienen efectos que van mucho más allá de los tribunales. Si el actual alcalde no pudiera participar en la elección, quien resulte electo deberá gobernar bajo la sombra permanente de una pregunta incómoda: ¿habría sido el mismo resultado si todos los actores con respaldo ciudadano hubieran estado presentes en la papeleta? Esa duda afectaría la legitimidad política del próximo gobierno local y podría acompañarlo durante buena parte de su gestión.
Ahí radica el verdadero problema para la democracia. Cuando una parte significativa de la población interpreta que la justicia y los organismos electorales son utilizados para condicionar la competencia política, el daño trasciende a las personas involucradas y alcanza a las instituciones. Las causas legítimas, incluidas aquellas relacionadas con la defensa de los derechos de las mujeres, terminan atrapadas en una disputa que las excede. La democracia necesita procesos transparentes, garantías para todos los actores y confianza en las reglas del juego. Sin esos elementos, lo que queda en disputa ya no es una candidatura, sino la legitimidad misma del resultado electoral. (O)
@avilanieto
