Un servicio público como es el transporte de pasajeros en buses urbanos, concesionado a empresas privadas, ha sido restringido por decisión unilateral de la Cámara de Transporte de Cuenca (CTC).

Algo similar ocurrió semanas en Quito y en Loja.

Desde antier, miles de pasajeros, entre ellos estudiantes de colegios y universidades que asisten a clases entre la tarde y noche, verán cómo se transportan desde las 19:00 hasta las 22:00.

Ellos, como tantos otros, sufren los efectos negativos de una medida de presión, también percibida como chantaje.

Los empresarios de la transportación exigen, una vez más, el alza de la tarifa del pasaje, menos el subsidio.

Creen que ni siquiera una tarifa  de 40 centavos les será suficiente para enfrentar el incremento del valor del diésel y la eliminación de la compensación económica que les daba el Gobierno hasta el mes anterior.

A finales de 2025, el Concejo Cantonal aprobó la propuesta del alcalde Cristian Zamora: aumentar el subsidio municipal. Esto representa alrededor de 600 dólares para cada una de las 475 unidades en operación.

Todo subsidio o compensación, a más de tener condimento político, tarde o temprano resulta insuficiente; además que, por su naturaleza, debe ser temporal.

Como contrapartida, los transportistas debían ejecutar un plan para mejorar el servicio, uno de cuyos componentes es renovar sus unidades.

Seis meses después nada se ha cumplido. Nadie preveía el alza descomunal del precio del diésel a causa de un conflicto bélico internacional, y porque el Gobierno debe importarlo casi en un 80 %.

En tal contexto estalla el problema. No es uno cualquiera. Al contrario, es grave. Involucra un servicio público que la administración municipal debe garantizarlo, resolviéndolo cuanto antes, incluyendo la aplicación de la ley. 

La población, mayoritaria por cierto, que viaja en bus no puede “pagar los platos rotos” de intransigencias y presiones.