Derecho de aguas y gobernanza

En la ciudad de Oslo, Noruega, decenas de académicos, profesionales del derecho, servidores públicos, miembros de organismos internacionales e investigadores vinculados con el mundo del agua nos reunimos para conversar sobre los retos de esta materia, en el contexto de la pérdida de biodiversidad y el cambio climático.

El evento, acogido por la Universidad de Oslo y organizado por la Asociación Internacional de Derecho de Aguas —AIDA, por sus siglas en inglés—, permitió el debate y la reflexión mediante conferencias magistrales, sesiones especiales y pósteres científicos, en los que se compartieron los importantes avances alcanzados por los países en el establecimiento y desarrollo de legislación sobre el agua.

Sin embargo, los problemas persisten: solo el 74 % de la población mundial utiliza un servicio de agua potable gestionado de forma segura, mientras que el 58 % cuenta con un servicio de saneamiento gestionado de forma segura y menos del 56 % de las aguas residuales domésticas del mundo son tratadas de manera segura.

Bajo las líneas del Congreso, relativas a la pérdida de biodiversidad y al cambio climático, es necesario reconocer que el agua es indispensable tanto para los seres humanos como para los demás animales y ecosistemas.

Además, debe considerarse el impacto de las nuevas tecnologías en el estrés hídrico y en la disponibilidad del agua. Por ello, resulta necesario cuestionar la diferencia entre gobernar el agua y gobernar el uso del agua, pues se deben reconocer las distintas dinámicas que intervienen en este proceso, así como los intereses políticos y las consecuencias económicas que se derivan de él.

Ante este escenario, se propone una gobernanza efectiva y transformadora de los recursos hídricos, que incluya a la academia y al sector profesional dedicado al derecho de aguas. Para ello, es necesario abrirse a otros enfoques teóricos y disciplinarios, como el que gira en torno a los derechos de los ríos. (O)

@andresmartmos

Dr. Andrés Martínez

Dr. Andrés Martínez

PhD en Estudios Políticos y Constitucionales por la Universidad de Alicante. Jurista de profesión. Director del Instituto de Investigaciones del Colegio de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco de Quito.