CON SABOR A MORALEJA
Según una investigación realizada por 13 periodistas de Spondylus Info Lab respaldada por una beca periodística del Pulitzer Center, el patrimonio de decenas de alcaldes y prefectos ecuatorianos registró variaciones inusuales durante sus primeros años de gestión.
De las 248 autoridades mencionadas, se encontraron 79 casos de incrementos considerados atípicos. Estos datos provienen de la Contraloría General del Estado y muestran que aproximadamente uno de cada tres alcaldes y prefectos reportó cambios patrimoniales significativos desde que asumió sus funciones en mayo del 2023. Las cifras incluyen incrementos millonarios en apenas un año.
El caso más llamativo tiene que ver con el exalcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís -detenido por presunto lavado de activos- quien pasó de declarar un patrimonio de USD 1.4 millones en el 2023 a más de USD 4.3 millones en el 2024. Otros incrementos interesantes son los de Norberto Vélez, alcalde de Rocafuerte quien reportó un aumento superior a USD 300.000 entre el 2023 y 2024; mientras que Lady Muñoz, alcaldesa de Calceta registró un crecimiento patrimonial mayor a USD 274.000 en el mismo período.
El alcalde de Naranjito, Cristian Suárez, declaró un patrimonio cero al inicio de su gestión, pero en dos años reportó bienes por más de USD 637.000. El alcalde de Naranjal, Juan Carlos Rivera,incrementó su patrimonio en casi USD 700.000 durante el segundo año de su administración, llegando a registrar 27 propiedades entre terrenos, fincas y casas.
Entre los prefectos destacan Lourdes Tibán en Cotopaxi, quien reportó un aumento superior a USD 262.000 entre el 2024 y 2025. Johnny Terán, en Los Ríos, declaró al inicio de su gestión USD 1.06 millones y en el 2025 USD 3 millones. El prefecto de El Oro, Clemente Bravo, alcanzó un patrimonio superior a USD 5.7 millones en el 2023 y más adelante registró un aumento de USD 1.3 millones en su declaración más reciente.
El estudio también revisó antecedentes judiciales y encontró que cerca de la mitad de los alcaldes y prefectos del país ha estado vinculado a procesos judiciales en algún momento. Qué vergüenza…
Actualmente tres alcaldes se encuentran detenidos por investigaciones relacionadas con presuntos delitos como peculado, delincuencia organizada o lavado de activos, mientras otro enfrenta un proceso penal que avanzó a la etapa de juicio.
Para algunos politólogos, la Contraloría debería implementar sistemas de alerta temprana que permitan detectar automáticamente movimientos patrimoniales inusuales para verificar su origen.
Qué en poco tiempo, así sea… (O)
