Carlos Castro, integrante del Cabildo por el Agua, participó en una entrevista en el programa Voces del Sur, de diario El Mercurio, donde se refirió al primer aniversario de la Marcha del ‘Quinto Río’, así como a la situación del proyecto minero Kimsacocha y de otras concesiones mineras en la provincia del Azuay.
Se conmemorará el primer aniversario de la marcha del ‘Quinto Río’ ¿Cómo está la organización?
La situación social, económica y cultural del país es diferente a la de hace un año. Sin embargo, esta marcha no deja de ser importante, porque las amenazas persisten. A partir de la marcha del año anterior se logró que se revoque la licencia ambiental para la fase de explotación minera del proyecto Loma Larga; sin embargo, la concesión minera continúa vigente y existen anuncios de que se ampliará el catastro minero.
A esto se suma la firma de un tratado de libre comercio con Canadá, que posibilita acelerar las gestiones relacionadas con el ámbito minero.
Cabe recalcar que nuestra provincia es un territorio donde aproximadamente 46.000 hectáreas están concesionadas para actividades mineras. Esta superficie representa casi el doble del área del Parque Nacional Cajas, que tiene alrededor de 28.000 hectáreas
¿Temen que el ambiente político, al estar a vísperas de comicios seccionales, opaque la marcha?
Toda movilización y acto social que genera una congregación masiva está en la mira de los candidatos. No obstante, la ciudadanía ha repudiado a quienes han intentado aprovecharse políticamente de estos eventos.
Todo el mundo tiene derecho a participar, pero les pedimos que no conviertan esta participación en un acto político partidario. Ese día debemos estar cobijados bajo una sola bandera, que es la del Azuay.
El primer año se tuvo un objetivo con la marcha ¿Cuál es el objetivo de esta segunda marcha?
En la anterior marcha, el objetivo se centró en la consigna: “Cuenca ya decidió, Kimsacocha no se toca”, considerando que el 7 de febrero de 2021 se realizó una consulta popular en la que más del 80 % de los votantes se pronunció a favor de prohibir la explotación minera en zonas de recarga hídrica. Esta decisión es vinculante y nadie ha podido revertirla, ni siquiera mediante una sentencia.
Ahora debemos dar un paso más, porque no solo Kimsacocha está en juego. Existen amenazas para todos los páramos de Cuenca y, por lo tanto, para las fuentes de agua que abastecen al cantón.
¿Por qué en la zona de Kimsacocha encontramos áreas con cerramientos?
Hace tiempo se denunció que las compras realizadas por la empresa no están ubicadas en esa zona. Sin embargo, se habría manipulado el registro catastral del Municipio para trasladar la ubicación real de esos predios hacia el lugar donde se pretende realizar la explotación minera.
Considero que están posesionados en un lugar que no les corresponde y que al Municipio le faltó decisión para hacer respetar el territorio.
Además, de acuerdo con el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) y el Plan de Uso y Gestión del Suelo (PUGS), ese sector está considerado como suelo de protección, donde está prohibida cualquier intervención minera, así como la construcción de infraestructura, entre otras actividades.
¿Cree que algo se está esperando para reactivar el proyecto minero?
Desde el punto de vista jurídico, el acto de revocatoria estuvo mal hecho, ya que, de acuerdo con el Código Orgánico Administrativo, lo que correspondía era declarar la nulidad.
Con esto, lo que puede ocurrir es que este acto, al no contar con la debida motivación, sea susceptible de una demanda.
¿Por qué el Gobierno argumentó su decisión de suspender el proyecto con informes del Municipio de Cuenca y la Prefectura del Azuay?
El Estado es el responsable, pues fue quien otorgó una concesión minera que implica avanzar por todas las fases del proyecto hasta llegar al cierre de la mina. Sin embargo, hay que señalar que no existe un contrato de explotación. Sin este contrato, al Estado no se le puede exigir ninguna obligación en ese sentido.
Por lo tanto, ni el Municipio ni la Prefectura tienen que responder por una actividad de explotación minera que, en este caso, no cuenta con un contrato de explotación.
¿El tratado de libre comercio con Canadá podría generar la activación del proyecto Loma Larga?
No conozco la versión oficial sobre el tratado de libre comercio con Canadá. Lo que he escrito personalmente se basa en información de fuentes provenientes del Estado canadiense. De acuerdo con esa información, se permitiría el arbitraje internacional, pese a que nuestra Constitución establece restricciones para este mecanismo en sectores estratégicos.
Esperamos que la Asamblea Nacional y la Corte Constitucional intervengan y analicen este acuerdo comercial para determinar si es compatible con la Constitución y, de ser el caso, declararlo inconstitucional.
El Gobierno declaró en reserva el tratado con Canadá. Considero que lo que se pretende es acelerar la actividad minera, tomando en cuenta que en ese país tienen su sede o presencia importantes empresas del sector minero.
¿Sino es la minería, qué alternativas existen para el desarrollo del país?
Hemos sobrevivido a lo largo de los años gracias a una gran producción de alimentos, porque somos una zona muy rica y diversa. No existe otro país en el mundo que tenga lo que tiene Ecuador: un país multiverso, con cuatro regiones, una gran cantidad de nevados, suelos prodigiosos, diferentes pisos altitudinales y ríos enormes y caudalosos, entre otras riquezas naturales.
Dinero existe, pero la corrupción es un saco sin fondo. Los recursos no se están invirtiendo en los sectores estratégicos como deberían.
¿En Azuay preocupa el desarrollo de la minería ilegal?
El Cabildo por el Agua ha venido denunciando esta situación desde hace mucho tiempo. Si el Estado conoce dónde se desarrolla la minería ilegal, ¿por qué no se actuó oportunamente y se permitió que esta actividad se expandiera?
En la provincia, la minería ilegal se ha desarrollado de manera considerable. En Sígsig, la situación es bastante preocupante, pese a las acciones realizadas por el Ejército y la Policía, porque los mineros ilegales regresan y lo hacen con mayor fuerza.
No podemos permitir que, bajo el argumento de combatir la minería ilegal, se pretenda impulsar la minería legal.
¿La ampliación de la frontera agrícola afecta el cuidado del agua?
El Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Agricultura deberían preocuparse por esta situación y adoptar las medidas necesarias para proteger estos espacios. Además, la mancha urbana se sigue extendiendo, un tema que también es responsabilidad de Control Municipal.
Existe, asimismo, una corresponsabilidad de los ciudadanos para evitar esta depredación de la naturaleza y contribuir a la protección de nuestros recursos naturales. (I)
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