Entre los temas polémicos y de alta connotación electoral que deberán debatirse en Cuenca están los relacionados al proyecto minero Kimsacocha y el de los radares.

Nada más saludable y oportuno sería que los   candidatos a la alcaldía le digan al cantón sobre cuáles son sus definiciones en torno a esos dos asuntos.

Pero también es necesario que los medios de comunicación, la propia ciudadanía, indaguen qué es lo que ellos, respecto de esos problemas, proponen en sus respectivos planes de trabajo entregados al CNE.

Se supone que no serán generalizaciones, cuando lo que se quieren son posiciones firmes.

En otras palabras, que hayan expresado que sí se comprometen a preferir el agua que el oro existente en los páramos. O que no.

Especial precisión la debe sostener el candidato por el oficialismo. Es que, si bien la licencia ambiental otorgada por el Gobierno Nacional a la empresa Dundee Precious Metals fue suspendida, la concesión minera sigue vigente.

No ha sido derogada tal como lo exigieron las organizaciones antimineras y la mayor parte de la población que hace un año salió a las calles.

Eso supondría que, en cualquier momento, podría reactivarse y comenzar la explotación.

Sobre los radares, que a Cuenca le costaron 3 USD millones, vale que los aspirantes a la alcaldía sean transparentes; que desde ya demuestren poder de decisión, independientemente de lo que al respecto sostenga Contraloría General.

Lo sensato, “lo políticamente correcto”, sería que la Empresa de Movilidad, tras reestructurar los montos de las multas, los límites de velocidad permitidos, la distancia entre un radar y otro, los ponga al servicio, pero sancionando a los infractores.

Cuenca no puede darse el lujo de tener radares solo para que informen la velocidad a la que debe conducirse, pero como los choferes saben que “no multan”, les consideren como mamotretos en las vías.

¿Qué dicen los candidatos? ¿Le dirán la verdad a la ciudad?