Bogotá .- La Sección de Apelación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anuló la amnistía concedida en febrero de 2020 a Marilú Ramírez Baquero, desmovilizada de las FARC, quien suministró información a esa antigua guerrilla colombiana para el atentado a un complejo militar de Bogotá en 2006, informó este viernes el alto tribunal.
Ramírez era la encargada de inteligencia y comunicaciones de la Red Urbana Antonio Nariño de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que en octubre de 2006 instaló el carro bomba que explotó en la Escuela Superior de Guerra en Bogotá, que dejó más de 20 heridos.
Luego de revisar los recursos interpuestos por «cuatro víctimas de los hechos contra la decisión que adoptó la Sala de Amnistía o Indulto en febrero de 2020, la JEP ordenó empezar el trámite de nuevo», explicó el tribunal en un comunicado.
Agregó que «esta vez, garantizando la participación de todas las víctimas que están plenamente individualizadas y que aún no han sido vinculadas al proceso».
La Sección de Apelación concluyó luego de leer el expediente que «no se cumplió con todas las obligaciones» tendientes a garantizar el derecho a la participación de las víctimas de las conductas delictivas de Ramírez.
En esa dirección dijo que «se trata, por lo menos, de 30 personas que fueron identificadas por la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP».
Para los magistrados, aunque la Sala de Amnistía ordenó notificarlas luego de «realizar esfuerzos razonables» para localizarlas, debió ordenar informarles a través de un emplazamiento y, luego de ello, asegurar la representación oficiosa de quienes no comparecieron.
Sin embargo, la Sala omitió hacerlo, con lo cual vulnera el derecho de quienes fueron identificados, pero no localizados.
«En consecuencia de lo anterior, la sección de Amnistía debe adoptar las medidas necesarias que garanticen la participación efectiva de las víctimas en el proceso en contra» Ramírez, agregó la información.
Ramírez se infiltró como estudiante de la Escuela Superior de Guerra de Bogotá, desde la cual suministró información determinante para la comisión del ataque de las FARC.
En febrero de 2020, la Sala concluyó que «se trató de un acto de guerra de naturaleza amnistiable, acaecido en el marco del conflicto armado colombiano, antes del 1 de diciembre de 2016». EFE
