Una vez más. Las universidades, para después.

La nueva Ley para la Reactivación Económica, a través del Fortalecimiento de la Vinculación del Sector Económico Productivo con la Educación, contiene varias disposiciones sobre la —deseable— formación dual. Pero no es todo lo que trae.

Como ha sucedido en el último tiempo, la Ley promulgada y publicada incorpora una serie de disposiciones generales y transitorias que reforman otros cuerpos normativos, limitando la seguridad jurídica del país. Por ejemplo, en una disposición se establece la suspensión de la evaluación y acreditación institucional, de las carreras y de los programas de las universidades del país por el lapso de dos años desde la entrada en vigencia de la Ley (9 de abril de 2026). Léase bien: dos años.

No es una cuestión menor. Todo lo contrario. El sistema de educación superior, como cualquier sistema, requiere de condiciones mínimas que garanticen certeza y razonabilidad en su diseño, funcionamiento, institucionalidad y desarrollo. No cabe el hostigamiento de las agencias estatales, pero tampoco el vaciamiento de procesos y razones para sostenerlos.

La calidad del sistema de educación superior del Ecuador debe asumirse como un compromiso con visión de futuro. No como un requerimiento de la ley, sino como una voluntad de las comunidades universitarias que apuestan por la innovación, el sentido humano, los estándares de rigurosidad y los sistemas integrados que se diseñan para dar respuestas a una sociedad dinámica y desafiante. La calidad y la mejora de los procesos internos de las comunidades universitarias deben entenderse como proyectos académicos inacabados, que se mantienen en constante articulación y rediseño. Las universidades han de conservar y aspirar a condiciones de calidad y mejora por su esencia, sentido y comunión con principios, no por una evaluación. Indiscutible: el sistema universitario debe mirarse así.

El último proceso de acreditación institucional de las universidades del Ecuador se realizó en el año 2020. Conforme a la Ley vigente, debía durar cinco años, plazo que venció en octubre de 2025; sin embargo, al ritmo aletargado del Estado y sus instituciones, no llegó la nueva acreditación. Ahora, se suspende. Pero cuidado: las universidades no pueden detenerse en la lógica del vaivén institucional, deben cuidar su calidad institucional por convicción y decisión. Por orgullo comunitario. Pues, “los barcos están bien en los puertos, pero se hicieron para navegar”. (O)

@jchalco