Cinco alcaldes de Ecuador fueron privados de libertad, tan solo en los últimos dos años, mientras enfrentan procesos penales por supuestos delitos de corrupción, lavado de activos, delincuencia organizada y enriquecimiento ilícito: Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, Vicko Villacís de Esmeraldas, Ángela Plúa de Jipijapa, José Alcides Arroyo de Pujilí y Darío Macas de Machala.
La corrupción en los GADs de Ecuador, que integran a prefecturas, alcaldías y juntas parroquiales, es uno de los problemasestructurales más críticos del país, caracterizado por la penetración del crimen organizado, el desvío de fondos y la presencia de redes criminales de contratación
Entre las principales modalidades de corrupción observados se encuentran la infiltración de grupos del delincuencia organizada (GDO) que financian campañas electorales locales para cooptar mandos medios y autoridades en los GAD. A cambio, exigen contratos públicos, lavado de activos y nombramientos clave, como lo ocurrido con algunas Agencias de Tránsito Municipal. Esta amalgama criminal ha erosionado la institucionalidad de ciertos GAD a nivel nacional. Además es preocupante las irregularidades en contratación pública, el uso indebido de declaratorias de emergencia y la falta de transparencia en los procesos de compras estatales, con sobreprecios y adjudicaciones a dedo.
La desviación de fondos públicos hacia prácticas corruptas reduce la capacidad del gobierno para invertir en educación, salud, infraestructura, seguridad alimentaria. Es reprobable pues no solo se frena el desarrollo económico, sino que también perpetúa la pobreza y la desigualdad. Los proyectos ineficientes y no rentables que resultan de la corrupción afectan negativamente el crecimiento económico y crean un entorno desfavorable para la inversión.
La asambleísta oficialista, Lucia Pozo, anunció la habilitación de un correo electrónico para que cualquier ciudadano que considere que su Alcalde o Prefecto tiene bienes que no concuerdan con sus ingresos, pueda alertar a la Comisión de Gobiernos Autónomos, pero aquello debe ampliarse a lo que ocurre en los propios Ministerios. El reprochable atraco de PROGEM y Austral, perjudicó al estado 140 millones de dólares. (O)
