Las autoridades están obligadas a rendir cuentas de su gestión y de la institución a la que representan, parte de lo cual es responder a las inquietudes de la ciudadanía y las preguntas de periodistas y comunicadores sobre asuntos de interés colectivo.

En ese cometido es necesario e importante que lo que digan se ajuste a la verdad y que lo que hagan proteja los derechos de la ciudad y sus habitantes.

Preocupa por ejemplo que la alcaldesa subrogante en el caso de un edificio que se está construyendo encima de la vía pública, con autorización municipal, salga del paso diciendo que el permiso fue otorgado 9 años atrás como si las autorizaciones para construcción no caducaran; y que, no haya dispuesto a quien incumba que en ejercicio de la potestad municipal suspenda inmediatamente el permiso de construcción –IPRUS o lo que corresponda- para resolver en derecho, al amparo de la racionalidad, la sana crítica y el interés común, permitiendo con la inacción municipal que las obras avancen porque así conviene a quienes construyen y promocionan la obra.

No se trata de perjudicar a nadie, pero la Constitución, la ley y la racionalidad mandan que el interés colectivo está por sobre el particular.

No queremos ser suspicaces pero algo huele mal si no se actúa con celeridad. (O)