En cuanto al tráfico vehicular, cualquier ley, por más sancionatoria y punible que sea, será insuficiente si los conductores, no todos por supuesto, persisten en contravenirla.

La Asamblea Nacional aprobó las reformas a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Falta el ejecútese del presidente de la República, que podrá vetarla total o parcialmente.

Guste o no, dada la inseguridad que no da tregua, los municipios que, teniendo competencias en materia de tránsito, se conviertan en espacios para aprobar dudosas matriculaciones de vehículos, la Agencia Nacional de Tránsito podrá suspenderás.

Una competencia, constitucionalmente transferida a los gobiernos locales, no puede prostituirse a favor del crimen organizado.

Es momento, y así lo entendió la Asamblea, de reglar la venta de motocicletas, obligando a que las casas comerciales las vendan junto con cascos homologados.

También se norma el uso de esos vehículos para el servicio “delivery”. Deberán contar con licencia y matrícula. Según la Policía, la delincuencia también lo aprovecha, en especial para el microtráfico.

Respecto de la velocidad, para algunos estudiosos en materia de tránsito, la reforma no hizo cambios que impliquen una regulación tácita, en vez de los simples rangos moderados, que casi nadie los respeta.

Empero, se rescata la importancia del control de velocidad mediante radares. No podrán ser usados con fines recaudatorios, tal como ocurre, por ejemplo en Cuenca, donde la empresa privada que los instaló se quede con gran parte de las multas.

Es hora de que Cuenca, lejos de la discusión política en pos de votos, debata en serio que los radares instalados en la vía Cuenca-Azogues no estén solo para marcar la velocidad, sino para multar los excesos, claro que reprogramando montos, distancias y otros parámetros.

No puede ser que Ecuador siga en la lista de los países con el índice más alto de accidentalidad.