El impuesto al patrimonio, cuestionado mayoritariamente por analistas de la corriente neoliberal, no debería reducirse a una elección entre inversión y redistribución. Su verdadero desafío es conciliar estos tres pilares: eficiencia económica, justicia tributaria y cohesión social. Las objeciones que se argumentan, como la fuga de capitales, la evasión y los costos administrativos, merecen atención, así como retroalimentarnos sobre lo que ya pasó en el país cuando recurrió a estas contribuciones extraordinarias. Entonces, una eventual nueva propuesta de este impuesto necesitaría, primero, responder esta interrogante: ¿Quién se beneficia del crecimiento cuando la prosperidad no alcanza a la mayoría? La OCDE advierte que un impuesto patrimonial mal diseñado puede desalentar la inversión, pero reconoce su posible función redistributiva cuando la tributación del capital resulta insuficiente. Por tanto, el debate exige diseño institucional, no dogmas.

Gravar responsablemente grandes patrimonios no significa castigar el éxito; significa reconocer que también conlleva responsabilidades colectivas. Cuando se habla de afectaciones al patrimonio privado, se advierte, tal como alerta un grupo de economistas, la necesidad de mantener la affordability (la capacidad real de los hogares para pagar vivienda, alimentación, salud y otros bienes esenciales). Y yo propongo complementarlo con una alerta más amplia: Prosperity Squeeze, o estrangulamiento de la propiedad, para describir una economía donde las grandes fortunas crecen mientras los hogares experimentan una presión persistente sobre su poder adquisitivo y sus oportunidades de progreso, para ello la recaudación se colocará en un fideicomiso de finalidad social y permitiría fortalecer su legitimidad. (O)