El Consejo de Educación Superior (CES) aprobó en primer debate, con seis votos a favor, una abstención y un voto en contra, la intervención integral de la Universidad Nacional de Educación (UNAE).

Lo hizo con base en un informe técnico que concluye la existencia de presuntas irregularidades administrativas y una situación de conmoción institucional.

En el debate, el presidente del CES, Fidel Márquez, sostuvo que la universidad no habría agotado sus mecanismos internos antes de recurrir a Fiscalía. Esto en referencia al allanamiento ejecutado en febrero de 2026 en la Dirección de Tecnología de la Información y en la Dirección de Calidad y Evaluación Institucional de la UNAE, donde se incautó entre 12 y 20 unidades centrales de procesamiento (CPU).

A su criterio, este hecho generó una situación de conmoción institucional y evidenció que los conflictos no fueron gestionados por las instancias internas de la universidad.

La decisión del CES se sustenta en el artículo 199 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES). Es decir, establece como causales de intervención la existencia de irregularidades académicas, administrativas o económico-financieras, así como situaciones de violencia que afecten el funcionamiento institucional.

Actualmente, la UNAE cuenta con cerca de 5.000 estudiantes, 173 docentes y más de 100 administrativos. Además, unos 5.000 graduados, según datos de la institución.

Procedimiento

Con estos elementos, el CES recomendó:

• La intervención integral
• La suspensión de las facultades de las máximas autoridades de la UNAE y
• La aplicación del artículo 45 del Reglamento de Creación, Intervención y Suspensión de Universidades y Escuelas Politécnicas.

Este artículo permite una intervención inmediata en casos de grave conmoción institucional. “No se requerirá el informe previo del CEAACES ni seguir el procedimiento ordinario previsto en el presente Reglamento”, señala la normativa.

Con una intervención integral, el CES designa una comisión interventora que asume las funciones administrativas, académicas y de gestión. Esto deja sin efecto a las autoridades en funciones.

Esta intervención tiene una duración máxima de 90 días, prorrogables con el voto favorable de al menos las dos terceras partes de los miembros del CES.

Medidas cautelares

Maribel Sarmiento, rectora da la UNAE, aseguró que las actividades académicas continúan con normalidad. Además, rechazó la decisión del CES y aseguró que la intervención no cumple con el principio de ser una medida de última instancia.

“La intervención integral implica que la universidad pierde su autonomía y que las autoridades electas quedarían sin efecto al ser reemplazadas por una comisión designada”, afirmó.

La universidad presentó medidas cautelares ante la Función Judicial en Azogues.

Con estas acciones, busca que el CES se abstenga de ejecutar la intervención hasta que concluyan las pericias informáticas dispuestas por Fiscalía.

Además, pide que se garantice el debido proceso y la identificación de hechos concretos que sustenten las acusaciones.

La aprobación en primer debate no constituye una decisión definitiva, está pendiente el segundo debate en el CES.

En el Pleno, el consejero Pablo Beltrán apoyó la intervención con un voto motivado. Señaló que, si bien reconoce el crecimiento y el papel de la universidad en la formación docente, su decisión se sustenta en los informes técnicos y jurídicos incorporados en el expediente.

Añadió que su respaldo responde a una valoración “prudencial y preventiva”, entendiendo la intervención como una medida temporal orientada a la protección institucional.

En contraste, la consejera Catalina Vélez expresó su desacuerdo al considerar que no existen elementos suficientes para justificar la intervención y que debió priorizarse el fortalecimiento institucional.  

Actualmente, la UNAE cuenta con cerca de 5.000 estudiantes, 173 docentes y más de 100 administrativos. Además, 5.000 graduados, según datos de la institución.

Marcha estudiantil

Representantes estudiantiles de la UNAE anunciaron una movilización.

Erika González, estudiante de noveno semestre de la carrera de Educación Intercultural Bilingüe, informó que se realizará una marcha pacífica este 15 de abril de 2026, con el objetivo de visibilizar la posición del estudiantado.

González señaló que, si bien se reconoce la necesidad de transparentar y regularizar procesos dentro de la universidad, considera que no se han agotado las instancias previas antes de plantear una intervención integral.

Advirtió que una eventual intervención podría afectar la percepción sobre los títulos profesionales emitidos por la institución, al generar dudas sobre el perfil de egreso de sus graduados.

“Obtener un título de una universidad intervenida puede afectar el perfil de egreso. Aunque la formación depende de las capacidades del estudiante, el hecho de que una institución haya sido intervenida genera dudas sobre el perfil profesional de sus graduados”, expresó.

Agregó que la movilización también busca defender la autonomía universitaria y el reconocimiento académico. (I)

DATOS

• La intervención integral cubre todos los aspectos de la gestión institucional, y la parcial únicamente las áreas administrativa, económica financiera o académica, en función de la problemática identificada.
• Entre 2013 y 2018, el Consejo de Educación Superior ha intervenido las universidades Estatal del Sur de Manabí, Luis Vargas Torres, Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí (Uleam), Nacional de Loja y, en dos ocasiones, a la Universidad de Guayaquil.

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