Acaba de cumplirse diez años del terremoto de magnitud 7,8 que sacudió a la provincia de Manabí y Esmeraldas.

Los daños materiales fueron cuantificados en alrededor de USD 3.600 millones. Fallecieron 663 personas; 6.274 resultaron heridas.

La cobertura de los medios de comunicación realizada en estos días revela lo intolerable, lo condenable; pero también, cómo las familias afectadas, aquellas que perdieron a uno o más de sus miembros; el sector productivo, hasta con sus propios medios, han logrado salir adelante, y siguen esforzándose por continuar.

El gobierno de la época creó la Ley de Solidaridad, con el fin de obtener recursos económicos para enfrentar la emergencia en aspectos como vivienda, salud, infraestructura vial, sanitaria, educativa, entre otros, también fundamentales e impostergables.

Aportaron el sector empresarial, los empleados públicos y privados, más el apoyo internacional. Se presagiaba de que la reconstrucción integral sería un hecho. 

También se creó el Comité de Reconstrucción, responsable del manejo económico, de priorizar las obras emergentes; en fin, toda tarea encaminada a devolver la esperanza a esas dos provincias.

Sin embargo, diez años después la realidad dista mucho de aquella expectativa.

Vale recordar que el responsable de aquel Comité está prófugo de la justicia tras procesarse los resultados de una auditoría realizada por la Contraloría. Otro está preso en la cárcel del Encuentro.

Recién se sabe que hay un “sobrante” de USD 118 millones de aquella Ley. Inaudito; sí, inaudito, mientras hay poblaciones sin agua potable, personas sin vivienda, cuerpos de bomberos funcionando bajo carpas. Ahora, si quieren obras deben cumplir con una tramitología engorrosa.

No ha habido damnificados que, tras las desgracias naturales ocurridas en el Ecuador, no hayan sido objeto de la argucia de las autoridades corruptas y corruptoras. Y, en aquel entonces, dirigían el país; hasta amenazaban a quienes protestaban.