Nadie duda de la facultad constitucional del Presidente de la República para decretar otro estado de excepción, el octavo desde enero de 2024.

Acaba de decretar el que regirá durante dos meses en diez provincias, incluyendo, esta vez, a la de Azuay.

Menos mal que no incluye el toque de queda; pero sí la suspensión de derechos como la inviolabilidad de domicilio, y la de correspondencia.

Las razones son las mismas con las cuales se justificaron los anteriores decretos: informes reservados que revelan la incidencia de hechos violentos y la presencia de estructuras criminales.

Mientras rigen los estados de excepción, los toques de queda, el crimen, los robos, los sicariatos, los asaltos y otros delitos, como que amainan y juegan para la estadística.

La ciudadanía siente algo de tranquilidad, sobre todo por la presencia militar en las calles; pero es una calma aparente, pasajera, dado que ni bien termina la medida extrema, reaparecen, se reagrupan las bandas delictivas.

Tan es así que, entre el día que terminó el anterior estado de excepción y el que acaba de decretarse, recrudecieron los asesinatos, muchos de ellos “en masa”; los robos, ni se diga las “vacunas”, los asaltos y secuestros, sin contar con cuánta droga habrá burlado el control pírrico en los puertos de embarque, o sacada por otras rutas.

Bajo esa realidad, ¿el país debe vivir bajo constantes estados de excepción, de toques de queda? ¿Son estrategias fallidas? ¿No se está llegando al corazón mismo que controla, maneja, financia, protege y recluta, a los grupos delictivos, que, además, se reproducen, se dividen; y, quién lo sabe, hasta intervienen en política?

Ahora el turno es para Azuay, en cuya capital, Cuenca, el delito, las muertes violentas, ya son parte de su paisaje urbano-rural.

Los estados de excepción, los toques de queda, por sí solos, no están sirviendo para llegar a la raíz del problema.