El pleno del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) sentenció a Priscila Schettini, asambleísta electa por la Revolución Ciudadana, por una infracción electoral grave, le impuso la pérdida de sus derechos políticos por tres años y una multa de 50 salarios básicos unificados, equivalente a 23.500 dólares.
Sin derechos políticos, Priscila Schettini no podrá ejercer cargos públicos, es decir, quedó inhabilitada de asumir la curul en la Asamblea el próximo 14 de mayo, para la que fue electa como asambleísta nacional.
También fue sancionada la abogada Angélica Porras, a quien se le suspendió sus derechos políticos por dos años y se le impuso una multa de 30 salarios básicos unificados (14.100 dólares).
La denuncia en contra de Schettini y de Porras la presentó la fiscal general del Estado, Diana Salazar, quien las acusó de violencia política de género.
Según Salazar, cuando las dos personas la acusaron de plagiar su tesis afectaron su imagen personal y profesional.
