Dos artefactos explosivos detonaron durante la madrugada del 29 de junio de 2026 en las instalaciones de la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM), ubicadas en el norte de Quito. Las autoridades presumen que el atentado sería una represalia de grupos del crimen organizado por los operativos de control y combate a la minería ilegal.
En menos de un mes, este fue el segundo ataque contra la entidad encargada de la regulación, control, auditoría y seguimiento administrativo de la actividad minera. El primero ocurrió en Machala, provincia de El Oro.
Diario El Mercurio solicitó una entrevista con representantes de ARCOM. La institución respondió que «la información sobre las acciones que desarrolla la ARCOM se encuentra disponible en nuestros canales oficiales y redes sociales» y que, «por motivos de seguridad y agenda», no era posible atender la solicitud.
Lo que sí está documentado es que, desde 2022, la minería ilegal de oro se ha convertido en una importante fuente de financiamiento para grupos del crimen organizado. Un funcionario del Gobierno con conocimiento del sector indicó al Observatorio del Crimen Organizado de Ecuador que, antes de 2018, existían menos de 60 puntos de minería ilegal en el país. Para 2024, esa cifra superaba los 652.
El Observatorio también sostiene que ARCOM, responsable de supervisar la entrega de concesiones, las licencias de procesamiento y el monitoreo de la producción minera, arrastraba desde hace años problemas estructurales relacionados con la falta de personal y de presupuesto.
Las entrevistas realizadas por el organismo revelan que varios actores del sector describían a la entidad como una institución con limitaciones técnicas y afectada por hechos de corrupción, incluso antes de su desaparición en 2020.
Ese año, ARCOM fue absorbida en un proceso de fusión con los organismos reguladores de energía e hidrocarburos, lo que dio origen a la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables. Aunque el objetivo oficial era optimizar recursos y centralizar funciones, diversos análisis sostienen que la medida debilitó aún más la capacidad estatal para controlar el sector minero.
En agosto de 2024, ARCOM recuperó su autonomía institucional. Sin embargo, poco después enfrentó nuevas denuncias de corrupción y, en septiembre de ese mismo año, sus oficinas fueron allanadas por presuntas irregularidades en la adjudicación de concesiones mineras.
Azuay
En Azuay, las zonas con mayor incidencia de minería ilegal están identificadas en los cantones Camilo Ponce Enríquez, Sígsig, Pucará y Santa Isabel. Informes de ARCOM detallan las intervenciones ejecutadas en estos sectores.
Las Fuerzas Armadas no han informado cuántos campamentos ilegales existen en la provincia ni en uno de los puntos más conflictivos, como Camilo Ponce Enríquez.
El pasado 8 de julio, en coordinación con ARCOM, personal militar ejecutó una operación en ese cantón. Durante el operativo se inspeccionaron dos frentes mineros y se identificaron siete bocaminas.
Según un informe provincial de ARCOM, durante 2025 también se desarrollaron operativos contra la minería ilegal en sectores de Camilo Ponce Enríquez, Pucará y la cuenca del río Santa Bárbara.
En noviembre, la operación militar «Tormenta de Fuego» incluyó bombardeos dirigidos contra estructuras utilizadas para actividades de minería ilegal en el cantón Pucará.
En diciembre, el Ejército Ecuatoriano, en coordinación con ARCOM, ejecutó nuevas acciones en los sectores Gallos y Aillón, en el cantón Sígsig.
Pese a estos operativos, las intervenciones reflejan un problema persistente: las fuerzas de seguridad destruyen campamentos y maquinaria, mientras las organizaciones dedicadas a la minería ilegal vuelven a instalarse, manteniendo un ciclo constante de persecución y reaparición.
Policía
Ángel Esquivel, comandante de la Subzona Azuay de la Policía Nacional, explica que la institución cuenta con una unidad especializada en temas de minería. No obstante, actualmente las acciones operativas han sido priorizadas por el Gobierno y están principalmente a cargo de las Fuerzas Armadas, debido a que la minería ilegal es considerada uno de los delitos de mayor impacto.
Para el oficial, este delito ha alcanzado un nivel de complejidad comparable al del narcotráfico. Mientras tanto, la Policía mantiene activa la Unidad de Medio Ambiente, encargada de verificar posibles afectaciones ambientales derivadas de la explotación minera ilegal.
Esquivel señala que se ha constatado la presencia de minería ilegal en Pucará, Tres Chorreras, Girón, Sígsig y Gualaceo.
Añade que las organizaciones criminales vinculadas a esta actividad también participan en otros delitos, entre ellos trata de personas, lavado de activos y el uso de pequeños negocios como fachada para el movimiento de recursos económicos.
Análisis
El Observatorio del Crimen Organizado de Ecuador sostiene que la riqueza en recursos naturales ha favorecido la consolidación de mercados criminales altamente rentables, especialmente alrededor de la minería ilegal de oro.
El informe identifica enclaves dedicados a la extracción, refinamiento, logística y distribución del mineral en provincias como Orellana, Napo, Zamora Chinchipe, Azuay y El Oro, lo que evidencia el alcance nacional de estas redes ilícitas.
Hasta el cierre de esta edición, las Fuerzas Armadas no emitieron declaraciones a El Mercurio sobre los operativos y la situación de la minería ilegal en el país.
«Si seguimos creyendo que bombardeando montañas… estamos combatiendo la minería criminal, estamos completamente equivocados»
Nathaly Logroño, abogada penalista especialista en terrorismo, pandillas, grupos violentos y criminología.
– ¿Cómo está la situación actual de la minería ilegal?
Nadie ha tomado en cuenta que el fenómeno ha evolucionado. Como delito está perfecto, pero como fenómeno ya no estamos en una minería ilegal, sino una minería criminal, de tinte criminal. Durante mi paso por el Ministerio de Energía y Minas, y de acuerdo a mi formación como criminóloga y especialista en seguridad, pude determinar que lo que nosotros tenemos no es minería ilegal. Y a eso se suma que en el país ya no tenemos 22 bandas criminales, actualmente tenemos 56 bandas y solo Los Lobos se han fraccionado en 10 más. Además, dentro de las organizaciones criminales quienes se pelean por el control de la minería ilegal, según el reglamento, pero, criminal, según el fenómeno, son Los Lobos, Lobos Box y Lobos Espejo. Nosotros no comprendemos que la criminalidad evolucionó hacia un modelo de gobernanza criminal relacionado a la minería. De hecho, el Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe) determinó que es la quinta amenaza a la seguridad nacional, y al ser la quinta amenaza a la seguridad nacional, es evidente y resulta preocupante que sigamos considerando a la minería ilegal como un delito ambiental, cuando no es así, es un tema de seguridad nacional. La gobernanza criminal tiene el poder adquisitivo y el músculo económico suficiente para comprar funcionarios públicos.
– ¿Qué pasa con los funcionarios?
Imagínate que tienes un funcionario que gana 1.200 dólares y tiene una capacidad de endeudamiento triple A y un poder adquisitivo de más de 500 mil dólares. El tema del lavado de activos y el reclutamiento de los funcionarios públicos ha hecho que el crimen organizado tenga actitudes criminales como los atentados, como lo sucedido en Machala, en el ARCOM de Quito (explosivos), por el mal reparto, porque si es que favorecen a unos, el crimen organizado quiere que favorezcan a otros. Es gobernanza criminal pura y dura.
– ¿Cuál es el problema entonces?
El problema es muy claro, si nosotros seguimos creyendo que bombardeando montañas o bombardeando maquinarias estamos combatiendo la minería ilegal o minería criminal, estamos completamente equivocados. ¿Qué tiene que pasar aquí? Tiene que pasar que se declare a la minería criminal, a través del Cosepe, como un fenómeno. En el momento en el que se declara como un fenómeno, podemos poner a trabajar al equipo de seguridad en el fenómeno y no en el delito. ¿Cuántos procesados por delitos ambientales de extracción ilícita de minerales existen? Ninguno, no hay uno solo. El fenómeno de la minería ilegal ha evolucionado y tiene una criminodinámica más ampliada que es la minería criminal, porque el sostenimiento de las actividades ilícitas a través del oro permite pagay y cobrar extorsiones, imponer tributos, controlar transporte de minería y financiar armamento.
– ¿Los militares informan de operativos semanales, pero cada vez hay más lugares ilegales, por qué?
Desde la parte jurídica no tiene ningún asidero legal, porque lastimosamente no hay ningún procesado. Desde la parte fenomenológica, simplemente es un chiste y es un gasto de recursos económicos. Imagínate que movilizar a las fuerzas, según el informe por la paz del 2025, le cuesta al Estado alrededor 1.000 millones de dólares. Solo bombardear maquinaria y que no exista una política criminal, por favor, no confundamos política pública y política criminal, son cosas completamente diferentes. La política criminal es la que atiende los fenómenos criminales. ¿A través de qué? de políticas públicas. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es activar el Comité de Integración en Contra de la Minería Legal (CONIM) no para hacer operativos, sino para accionar, reaccionar y sostener las operaciones. Está fenomenológicamente establecido que el crimen organizado se demora 17 minutos en volver a organizarse. Entonces, aquí viene la pregunta, ¿qué sucede cuando yo limpio el territorio y no tengo operaciones para sostener? Ahí ingresa la política pública. Es decir, yo convoco al CONIM y este debe decir de qué se encarga cada organismo.
– ¿Qué pasa con entidades como Arcom que va a las operaciones en compañía de los militares?
Hay acciones ya definidas que se deben tomar como retener y entregar a los gobiernos locales la maquinaria incautada para la obra pública. Hay que preguntar qué pasó con eso. Pero, en las instituciones están tan cooptados los funcionarios que incluso hasta los alcaldes son quienes venden el material. ¿Qué pasa cuando yo les comento que no solo es minería de oro, sino también áridos y pétreos? Entonces, ahí viene el negocio. ARCOM primero tiene sus competencias. Ellos tienen competencia solo para revisar permisos, licencias y autorizaciones. Nada más. Y hacer las auditorías. Pero si hay corrupción, cooptación de los funcionarios y solo uno o dos funcionarios trabajando en ARCOM, eso no marcha.
– ¿Cuál sería la función de militares y policías?
Deberían establecerse una hoja de ruta de acción, reacción y sostenimiento. Las Fuerzas Armadas no tienen por qué sostener las operaciones. Es el Estado el que debe garantizar la seguridad a través de todo nivel de gobierno. Cuando eso sucede, entonces ahí sí, ejército y policía reacciona y los ministerios sostienen las operaciones.
Se debería organizar primero las funciones del Estado, luego las Fuerzas Armadas y la Policía pueden encargarse de la seguridad pública, pero todo con un plan de acción. (FCS)-(I)
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