En Ecuador, el término lawfare era relativamente desconocido hasta que ocurrió lo impensado: la implosión de la otrora sólida Revolución Ciudadana, tras la ruptura entre Lenín Moreno y Rafael Correa. Un movimiento que marcó los destinos del país por más de una década y que, según sus detractores, representó una “década perdida”, mientras que, desde la narrativa correísta, fue la “década ganada”.
A partir de entonces, se instaló una guerra de relatos con tintes maniqueos: “los buenos somos nosotros y los malos son ellos”, y viceversa. En ese escenario, los medios —digitales y tradicionales— operaron como plataformas de disputa simbólica para imponer una versión de la realidad. O, con mayor precisión, una versión de la posverdad.
El resultado es evidente: polarización narrativa y política, manipulación de relatos y una lógica binaria que simplifica el debate público. En ese terreno, ciertos medios —alineados ideológicamente o condicionados por intereses económicos— contribuyen a distorsionar el mensaje en función de agendas específicas.
Judicialización de la política
El concepto de lawfare, según FundéuRAE, se refiere a la “persecución judicial, instrumentalización de la justicia o judicialización de la política”. En términos prácticos, implica la utilización del sistema judicial como herramienta para debilitar o anular adversarios políticos con fines estratégicos, especialmente electorales. La lógica es simple: con los contrincantes fuera del tablero, el camino al poder se vuelve menos accidentado. Un escenario que tensiona, cuando no vulnera, los principios democráticos.
Rafael Correa posicionó esta idea de forma reiterada bajo la fórmula: “judicialización de la política y politización de la justicia”. Su uso se intensificó tras su condena a ocho años de prisión en el caso Sobornos 2012–2016, por cohecho agravado, que además derivó en una inhabilitación política por 25 años. La sentencia fue ratificada en segunda instancia y en casación por la Corte Nacional. Desde Bélgica, donde obtuvo asilo, Correa ha sostenido la narrativa de persecución política.
Sin embargo, ese argumento no es exclusivo del correísmo. Es una constante en América Latina: funcionarios investigados por corrupción suelen recurrir a la tesis del lawfare como mecanismo de defensa política. Ahí el concepto deja de ser una categoría analítica y se convierte en un recurso discursivo.
En el contexto actual, las preguntas son inevitables: ¿el gobierno de Daniel Noboa está replicando esta lógica? Casos como la prisión preventiva del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, por un presunto contrabando de combustible, o la sanción al movimiento Revolución Ciudadana por supuesto financiamiento irregular en el denominado “caso Caja Chica”, alimentan esa discusión.
A esto se suma un elemento políticamente sensible: la inhabilitación del movimiento correísta para participar en las elecciones seccionales adelantadas previstas para noviembre de 2026. El debate se amplía: ¿es una decisión jurídica legítima o una maniobra con efectos políticos? ¿Y qué implica el adelanto de elecciones en este contexto?
Caso de presunto proselitismo durante la campaña
A nivel local, también se observan episodios que rozan este debate. El prefecto Juan Cristóbal Lloret enfrentó un proceso ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) por presunto proselitismo durante la campaña presidencial. Finalmente, el TCE revocó la sanción en noviembre de 2025 y archivó la causa.
Distinto es el caso del alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, quien enfrenta varios procesos legales y administrativos que derivaron en allanamientos por un presunto enriquecimiento ilícito. En este tipo de escenarios, la coincidencia entre tiempos judiciales y momentos políticos despierta sospechas, aunque no necesariamente prueba una estrategia deliberada.
El problema es más complejo que una simple teoría conspirativa. A veces, la justicia actúa. Otras veces, se convierte en un campo de disputa. Y en América Latina, esa frontera suele ser difusa.
El tiempo, como siempre, será el filtro. Aunque en política, la verdad no siempre llega intacta.
La expansión del debate
El debate sobre el lawfare no es una moda académica. Responde a un cambio estructural en la forma en que se disputa el poder. En distintos sistemas políticos, el derecho ha dejado de ser únicamente un mecanismo de regulación para convertirse, en ciertos contextos, en un instrumento que incide directamente en la competencia política.
El término fue introducido por Charles Dunlap en el ámbito militar y posteriormente adoptado por la ciencia política y el derecho comparado. Hoy es una categoría en disputa: útil para describir ciertos fenómenos, pero sin consenso pleno sobre sus límites.
El punto de partida no es el lawfare, sino la judicialización de la política. Estudios del Yale Law Journal y del European University Institute sugieren que el fortalecimiento del poder judicial responde tanto a la complejidad de los conflictos contemporáneos como a la pérdida de legitimidad de los sistemas políticos tradicionales.
En ese contexto, el derecho deja de ser un árbitro neutral y se convierte en un espacio de disputa de poder, como ocurrió en Ecuador tras la ruptura entre Moreno y Correa en 2017. Un caso emblemático para entender esta dinámica.
Definición y casos de ‘lawfare’
El lawfare puede entenderse como el uso estratégico del sistema legal con efectos políticos concretos, especialmente en contextos de alta polarización o competencia electoral.
Investigaciones de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de Konstanz identifican tres dimensiones en el fenómeno: judicial, mediática y política. En Ecuador, estas dimensiones han operado de forma simultánea en los últimos años.
El fenómeno no responde a una sola corriente ideológica. Se manifiesta en gobiernos de izquierda, derecha y sistemas híbridos.
Luiz Inácio Lula da Silva, en Brasil, fue condenado en el caso Lava Jato, lo que le impidió participar en las elecciones de 2018. En 2021, el Supremo Tribunal Federal anuló las sentencias.
Cristina Fernández de Kirchner, en Argentina, enfrentó múltiples procesos judiciales en paralelo a su actividad política, generando una fuerte polarización en torno a la legitimidad de dichos procesos.
En Perú, la inestabilidad política es estructural. Ocho presidentes en diez años, procesos judiciales recurrentes, un expresidente preso (Pedro Castillo) y otro que se suicidó antes de ser detenido (Alan García). Un sistema donde la judicialización es permanente.
América Latina, además, sigue siendo la región más desigual del mundo, según la Cepal. Y esa desigualdad también atraviesa sus sistemas políticos y judiciales. (O)
Datos de interés:
- Durante el gobierno de Nicolás Maduro se registraron procesos judiciales contra opositores, inhabilitaciones políticas y decisiones del Tribunal Supremo que limitaron la competencia electoral y debilitaron los contrapesos institucionales.
- En el gobierno de Daniel Ortega, la detención y procesamiento de candidatos opositores en las elecciones de 2021 eliminó la competencia efectiva en el sistema electoral.
Por: Agustín Reinoso O.
Especial para El Mercurio
