No por estar muy lejos del Ecuador, la situación de Nicaragua no debería de preocuparnos y hasta de dolernos. Igual debe pensarse en otros países democráticos del mundo.
Al contrario, desde cualquier lugar del orbe debe alzarse la voz para condenar la dictadura oprobiosa liderada por el matrimonio Daniel Ortega-Rosario Murillo, en el poder desde 2007, y quien sabe hasta cuándo.
Según informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, perteneciente a la ONU, la tal pareja dio un “golpe final” al Estado de derecho.
Logró una reforma constitucional mediante la cual ahora tiene el “dominio absoluto” y una “maquinaria de represión”. Está vigente desde el 18 de febrero de 2025.
“Han transformado deliberadamente al país en un Estado autoritario, donde no quedan instituciones independientes, las voces disidentes son silenciadas y la población (…) enfrenta persecución, exilio forzado y represalias económicas”, dice el informe del referido Grupo.
Ortega y su esposa comandan un régimen con disfraz de democracia. Han logrado alienar al Ejército a su proyecto, seguramente corrompiéndolo, como ocurre en otros países, tal el caso de Venezuela.
La pareja gobernante organiza elecciones, pero al controlar el ente electoral se saca de encima a los candidatos de la oposición, incluso condenándolos al exilio y quitándoles la ciudadanía.
Esta es una de las tantas prácticas dictatoriales de la corriente política cuya máxima aspiración es ganar el poder y nunca dejarlo, para lo cual, como ha hecho el matrimonio Ortega-Murillo, crea ejércitos paralelos, redes de inteligencia para vigilar y controlar a la población, vigila a la prensa independiente y a la iglesia, elimina la oposición y cualquier crítico puede ser despojado de su nacionalidad, revistiéndose del “poder absoluto”.
Nicaragua es el espejo en el cual deben mirarse otros países, en los cuales esa corriente política busca llegar al poder.
