Arreglar la justicia

            No se puede seguir impávidos. Tampoco mirando para otro lado. Aún menos cuando las instituciones buscan ser tomadas por los vivos, las bandas y los bandidos; los arribistas y los que ignoran lo que hacen. Otros saben muy bien lo que están haciendo.

No somos ingenuos. La estrategia es muy clara: pasar por las rastreras fórmulas, decisiones y omisiones, y el famoso “no me he dado cuenta”, con la finalidad de seguir libretos y guiones en los aprietos, a la rápida y con intereses de grupo. El Ecuador no precisamente interesa.

La gestión de la justicia tiene dos modelos: el norteamericano, sin la presencia de un órgano autónomo encargado de su sección administrativa; y el europeo continental, con la existencia de un órgano encargado del gobierno del sistema judicial. Algunos diseños institucionales contemplan la presencia de los propios magistrados y jueces; en otros casos, solo externos; y otros combinan mayoría de jueces y minoría de externos.

El caso ecuatoriano configura un Consejo de la Judicatura que se integra por externos, delegados del Legislativo, Judicial, Ejecutivo, Fiscalía y Defensoría Pública. En la mitad, un Consejo de Participación Ciudadana (yo le llamo engendro constitucional), que es el encargado de desarrollar el proceso final de veeduría e impugnación para la designación. Este Consejo —el país lo conoce— ha tenido una actuación con más dudas que certezas. Órgano inservible, cuyo rol ha sido ser instrumento para designar a las más importantes autoridades de control del Estado y tomarse las instituciones. No para fortalecer al Estado y a la democracia.

El país tiene dos dictámenes sustanciales de la Corte Constitucional (8-19-RC/19 y 6-22-RC/22) que: primero, habilitan la vía de enmienda (trámite exclusivamente en la Asamblea, sin consulta popular) para eliminar la atribución del Consejo de Participación para designar autoridades; y segundo, instrumentan un mecanismo de designación de los delegados a la Judicatura, incluyendo la participación de una comisión técnica que integra también a representantes de universidades saliendo del Consejo de Participación. Hay caminos. Pero hay que querer que las cosas cambien. Y estudiar un poquito también. Es decir, el país debe avanzar y no detenerse en el nefasto inmovilismo. (O)

@jchalco

Dr. José Chalco

Dr. José Chalco

Doctor Ph.D. en Derecho, Magister en Derecho Constitucional. Abogado de los Tribunales de Justicia de la República. Profesor Titular de Derecho Constitucional en la Universidad del Azuay. Profesor de posgrado.