La incorporación de la violencia política de género en el Código de la Democracia, vigente desde febrero de 2020, representó un avance histórico en la protección de los derechos políticos de las mujeres en Ecuador. Esta figura nació de años de lucha de organizaciones de mujeres, activistas y aliados que comprendieron que la participación política femenina no podía continuar marcada por agresiones, amenazas o mecanismos destinados a excluirlas de los espacios de decisión.

El artículo 280 reconoce como violencia política de género toda agresión directa o indirecta contra mujeres candidatas, militantes, electas, lideresas políticas o sociales y sus familias. A su vez, el artículo 279 establece sanciones severas para estas conductas, incluyendo multas de hasta cincuenta salarios básicos unificados, destitución y suspensión de derechos de participación. Sin embargo, precisamente por la importancia de esta conquista, resulta preocupante observar cómo algunas mujeres -incluidas figuras políticas- han comenzado a utilizar esta herramienta de manera irresponsable para victimizarse frente a críticas legítimas, cuestionamientos ciudadanos o debates propios de la actividad pública.

No toda crítica constituye violencia política de género, y confundir el escrutinio público con violencia es una distorsión peligrosa. Más grave aún, en ciertos casos esta figura parece estar siendo utilizada como estrategia política para desacreditar adversarios, perseguir voces críticas e incluso intentar sacar del escenario electoral a determinadas figuras políticas mediante denuncias que desnaturalizan el verdadero espíritu de la norma.

Quien decide hacer carrera política acepta implícitamente estar expuesto al debate democrático, a la fiscalización ciudadana y a la libertad de expresión, derechos fundamentales en toda democracia. Utilizar una figura creada para proteger derechos como mecanismo para silenciar opiniones, intimidar críticos, blindarse políticamente o alterar la competencia electoral termina debilitando su legitimidad y poniendo en riesgo una lucha histórica que costó años construir. El abuso de esta herramienta no fortalece los derechos de las mujeres; por el contrario, amenaza con restarle credibilidad a una conquista jurídica necesaria y legítima. (O)

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