La democracia interna de los partidos y movimientos políticos fue incorporada en el Código de la Democracia con un propósito claro: evitar que la selección de candidaturas dependa únicamente de acuerdos cerrados, decisiones verticales o cálculos de coyuntura. La norma no impone una sola modalidad, pues permite primarias abiertas, primarias cerradas o elecciones representativas, pero sí exige que las organizaciones políticas cumplan un procedimiento mínimo de deliberación. En teoría, ese proceso debería fortalecer la vida interna de los partidos. En la práctica, sin embargo, varias organizaciones llegan a esta etapa con disputas no resueltas y decisiones que parecen más próximas al acomodo electoral que a una auténtica construcción democrática.
El error está en creer que la democracia interna se cumple porque existe una fecha en el calendario. El plazo hasta el2 de julio apenas marca el momento formal de una decisión que debió madurar mucho antes. Escoger una candidatura exige propuesta política, formación de bases, identificación de liderazgos, discusión programática y exposición pública de cuadros que puedan representar algo más que una imagen en una papeleta. Por eso, elegir un nombre no debería ser el resultado de la imposición, de la urgencia o del acuerdo entre pocos, sino el tramo final de una construcción colectiva capaz de responder qué ciudad, qué provincia y qué modelo de gestión se quiere defender.
La siguiente fecha del calendario electoral es el 18 de julio para registrar las alianzas. Allí se sabrá si las organizaciones políticas fueron capaces de construir acuerdos programáticos o si repetirán la vieja práctica de juntar siglas para sobrevivir en la papeleta. El problema no está en que los partidos negocien, sino en que la negociación sustituya a la deliberación. Si las candidaturas se definen sin proyecto y sin explicación pública suficiente, la democracia interna se convierte en un trámite que erosiona la confianza ciudadana en las institcuiones políticas.
