“Lo que mal empieza, mal acaba”. Este refrán podría, en el menor plazo, aplicarse al concurso organizado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) para elegir al nuevo Fiscal General del Estado.

Tan importante función, considerada como un verdadero poder, lo desempeña, sin ser despectivos, el encargado del encargado, sin anotar que la titular también estuvo prorrogada.

El concurso no solo está empantanado; corre el riesgo de quedar en cero.

Tanto a nivel de la Comisión Ciudadana de Selección, una instancia ad hoc, que en la práctica es la que termina eligiendo, cuanto en el Cpccs, las desavenencias, las deserciones de sus miembros, hasta la toma de vacaciones, están conduciendo al fracaso del concurso.

Además, tómese en cuenta que gran parte de los consejeros del referido Consejo se han postulado para reelegirse, una decisión, si bien garantizada en la ley, que mina la decencia y hasta la propia institucionalidad del organismo, siempre en la mira del poder político de turno por el inmenso poder y capacidad de maniobra que engendra.

Las falencias detectadas en el concurso, la poca o nula respuesta ante inquietudes y pedidos de información por parte de la Misión Internacional de Observación sobre la Elección de Autoridades de Justicia en el Ecuador, confirman que la elección del nuevo fiscal general va por la cornisa.

Pareciera que, contrario el interés nacional, se pretende que el fiscal encargado continúe. Además, él también concursa.

La Comisión Nacional Anticorrupción considera que son notorias las irregularidades del concurso. Esto respondería al interés de mantener al fiscal encargado.

Nada presagia que la situación cambie de rumbo, comenzado por que se dicte un nuevo reglamento que garantices el proceso.

Al país le han acostumbrado a tener autoridades prorrogadas, a encargados de los encargados, como si la institucionalidad valiera un comino.