Cada 10 de Agosto, Ecuador recuerda el valor de quienes, en 1809, se atrevieron a cuestionar al totalitarismo. Aquel Primer Grito no significó todavía la independencia definitiva, pero abrió un proceso que culminaría años después. Han transcurrido 217 años desde la instalación de la Junta Soberana de Quito, nacida del hartazgo frente a un poder distante, autoritario y organizado para responder a intereses ajenos a las necesidades de la población.
La independencia, sin embargo, no puede reducirse a la ruptura con una potencia extranjera. También supone la capacidad de una sociedad para decidir su destino sin quedar sometida a poderes políticos, económicos o criminales. Hoy, las presiones extractivas conviven con las rutas del narcotráfico y con organizaciones que disputan al Estado el control de sus territorios. La soberanía pierde sentido cuando amplias zonas del país viven bajo el miedo, la violencia o la imposición de economías ilegales.
Tampoco basta con proclamar la independencia de las funciones del Estado. La Asamblea debe fiscalizar al Ejecutivo y no limitarse a tramitar su agenda; la justicia debe resolver sin atender conveniencias políticas; y los organismos electorales deben actuar con absoluta imparcialidad, especialmente cuando ya está en marcha el periodo de las elecciones seccionales. La reciente suspensión de tres jueces después de que revocaran la prisión preventiva del alcalde de Guayaquil demuestra hasta qué punto cada decisión institucional puede alimentar dudas sobre presiones, represalias o interferencias.
La conmemoración del próximo 10 de Agosto debería servir, por tanto, para preguntarnos cuánta independencia hemos construido realmente. La libertad no se conserva mediante ceremonias ni manifiestos, sino mediante instituciones capaces de poner límites al poder. Doscientos diecisiete años después, Ecuador todavía necesita ciudadanos y autoridades dispuestos a defender esa antigua utopía: que ninguna fuerza, por poderosa que sea, pueda someter la voluntad de toda una sociedad.
