El servicio de control de prisiones de Ecuador informó este domingo de que se investiga a un policía por estar involucrado con el hallazgo de un paquete con más de 700 balas para fusil en un baño de la Penitenciaría de Guayaquil, escenario el pasado miércoles de una nueva masacre entre reclusos.
El Servicio Nacional de Atención Integral de Personas Privadas de Libertad (SNAI) informó de que tras una operación de control en la Cárcel Guayas Número 1, «se conoció sobre un paquete que contenía municiones de diferentes calibres, que habría sido encontrado en el baño de la sala de espera de la Penitenciaría».
Al verificar la alerta, «se encontró en un bote de basura que estaba boca abajo» 492 balas calibre 7.62 y 252 de 5.56, lo que da un total de 744 municiones.
Tras este hallazgo, «se dio parte a las autoridades e instituciones pertinentes», mientras «un servidor policial está en investigación por este hecho», agregó una fuente del SNAI.
El departamento de conducta de la Policía «no ha logrado contactarlo, no se ha presentado a trabajar», añadió la fuente.
El pasado 20 de septiembre, la Policía de Ecuador informó de la detención de tres de sus agentes por estar involucrados en el delito de tráfico de municiones, cuando supuestamente intentaban ingresar casi 500 balas a la cárcel Cotopaxi Número 1, en la provincia andina del mismo nombre.
Tres semanas después, el pasado 3 de octubre, una reyerta entre reos, que se extendió hasta el día siguiente, dejó 16 muertos y 43 heridos, incluido Leandro Norero, acusado de dirigir una banda del narcotráfico en el país.
El 5 de octubre, otra masacre tuvo lugar en la Penitenciaría de Guayaquil, con 13 reclusos asesinados y 18 heridos, lo que supuso la novena matanza carcelaria desde el año 2020.
Asimismo, este sábado dos reos fueron hallados muertos en una cárcel de la provincia costera de Esmeraldas, en el noroeste del país y fronteriza con Colombia.
En lo que va del año, más de 100 reclusos han fallecido violentamente en las cárceles ecuatorianas y son más de 400 los asesinados desde 2020.
Grupos pro derechos humanos han advertido incluso de un genocidio carcelario ante la supuesta falta de acción del Estado para detener las recurrentes masacres en las prisiones.
El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), en un informe difundido este viernes, opinó que, al parecer, «la dinámica del Estado es dejar que dentro de las cárceles mueran las personas y, luego de los disturbios, ingresan» para controlar el orden.
La especialista en temas de seguridad penitenciaria, Carolina Andrade, coincidió al afirmar que, a su parecer, el Gobierno parece haber aplicado una «política de autorregulación dentro de los centros de privación de libertad».
«No veo que en el mediano o largo plazos la situación vaya a cambiar» en torno a la seguridad en las cárceles, debido a que «nada ha cambiado a nivel institucional» ni en la «voluntad política del Gobierno», agregó la activista.
El Ejecutivo ecuatoriano, de su lado, ha ratificado su compromiso por cumplir las sugerencias emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en torno a la preocupante situación carcelaria en Ecuador, de lo que culpa a bandas criminales, con supuestos nexos con carteles del narcotráfico, que se disputan el control de las prisiones.
Sin embargo, ha reconocido que aún no entran en servicio los 1.300 guardias en proceso de formación que se sumarán a los actuales 1.600 agentes penitenciarios, ni tampoco se ha terminado de equipar a todas las prisiones con escáneres y tecnología para hacer más difícil el ingreso de armas a esos centros. EFE
