33 mil cámaras de videovigilancia de propiedad de la empresa Segura EP, del Municipio de Guayaquil, habrían sido puestas al servicio de la Revolución Ciudadana (RC), para que realice actividades de espionaje, a través de la instalación de una sala espejo, así lo aseguró John Reimberg, ministro del Interior, en su comparecencia en la Asamblea Nacional.
Según Reimberg, el 20 de noviembre del 2024 Fernando Cornejo, expresidente de Segura EP, dio autorización para que se instale una estructura paralela, llamada sala espejo, mediante la cual usuarios tenían accesos privilegiados a plataformas críticas, con capacidad de manipular cámaras, extraer información sensible y vulnerar la cadena de custodia, porque se podía extraer la información.
¿Cómo y dónde funcionó la sala espejo?
La conexión fue realizada mediante enlaces autorizados de Telconet, instalados en el tercer piso del palacio municipal, en la dirección de Aseo Cantonal; se entregaron usuarios de administrador avanzado a Franklin Andrés Asqui Contreras, sobre quien el ministro no dio más datos.
“Estamos hablando de algo sumamente grave, de vulnerabilidades que comprometían la seguridad de la información, la integridad de las investigaciones, la confianza de los ciudadanos en las instituciones y, por supuesto, la seguridad de los guayaquileños”, señaló Reimberg.
Según el ministro, las transacciones solo se almacenaban por 60 días; esta limitación técnica garantizaba que el rastro de la manipulación de cámaras y extracción de videos desde la sala espejo fuera borrado automáticamente, imposibilitando auditorías posteriores sobre el uso de la información ciudadana.
“Hemos desarticulado una estructura de espionaje paralelo que funcionaba bajo la fachada de la administración municipal; no se trató de un error técnico, sino de una arquitectura diseñada para el control político”, afirmó el ministro.
Mejoras en los resultados
Antes de que las cámaras de Segura EP pasen a manos del Gobierno central, según explicó Pablo Dávila, comandante de la Policía Nacional, el trámite para obtener la información de estos equipos era largo y muchas veces bloqueaba la investigación, una vez que pasó al control de los uniformados, las cifras han mejorado.
En manos de Segura EP, 7 de cada 10 incidentes registrados con las cámaras no recibían atención; mientras que, con la Policía, entre febrero y mayo se detectaron más de 14 mil incidentes y se evitaron 1.776 eventos; la efectividad operativa alcanzó el 97,47 %, versus el 29 % anterior.
Según Dávila, el trabajo policial desde la sala de Segura EP ha ayudado a la reducción de la violencia en Guayaquil, que cayó en un 30 % en mayo del 2026.
Los correístas se defienden
El caso de espionaje denunciado por el Gobierno se basa en audios en los que se escucha el expresidente Rafael Correa coordinar con miembros de la organización política y con el expolicía Rodney Rengel, para que se haga seguimiento, a través de las cámaras de Segura EP, al caso Porsche, que supuestamente involucra a un auto de propiedad de la empresa de la familia del presidente Daniel Noboa en un ataque con explosivos.
El asambleísta Juan Andrés González (RC) calificó a la denuncia de Reimberg como “ridícula”, pues, aunque no negó la coordinación de Rafael Correa en este caso, afirmó que la información de las cámaras de Segura EP fue solicitada de forma oficial, en su calidad de legislador.
“Nos quieren acusar, y especialmente a mí, de espionaje por fiscalizar; resulta que, si a un ladrón corrupto una cámara lo logra identificar, los culpables son quienes pusieron a cámara y eso es lo que están haciendo aquí, repito, un sainete a través de argucias”, afirmó González, quien señaló que por este tema la Fiscalía le ha iniciado una investigación por asociación ilícita.
Las salas de vigilancia de los municipios serán retiradas
En medio de su comparecencia ante la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional, el ministro del Interior John Reimberg anticipó que las salas de videovigilancia que están en manos de los municipios serán retiradas y pasarán al control de la Policía Nacional, que es donde se ven resultados efectivos.
“La videovigilancia se ha convertido en un sistema que observa cómo se consuman los delitos, pero, no genera una respuesta oportuna; la seguridad no debe contentarse con observar el delito”, recalcó el ministro John Reimberg.
El ministro calificó como un error el permitir que los municipios instalen cámaras, pues se convierten en instrumentos al servicio de las autoridades del cantón y no de los ciudadanos.
“Estas salas sirven para que los grupos delincuenciales sepan dónde está la policía, donde están los controles, donde está Fuerzas Armadas, donde vamos a realizar operaciones, ese es el objetivo de estas cámaras”, afirmó el ministro.
