La desigualdad se ha consolidado como uno de los principales desafíos económicos y sociales del siglo XXI. El economista Joseph Stiglitz advierte que el 50 % de la población mundial apenas ha recibido el 1 % de la riqueza generada en los últimos 25 años, reflejando una concentración que pone en riesgo la estabilidad económica y democrática. Este fenómeno, lejos de ser ajeno, también se manifiesta en el caso ecuatoriano. Si bien Ecuador ha registrado avances en reducción de pobreza en ciertos periodos, la desigualdad estructural persiste. Las brechas entre zonas urbanas y rurales, así como las diferencias en acceso a educación, salud y empleo de calidad, continúan reproduciendo un círculo de exclusión. Esto limita la movilidad social y reduce las oportunidades de desarrollo para amplios segmentos de la población.

Un aspecto clave del análisis de Stiglitz es la creciente influencia de las élites económicas en la toma de decisiones públicas. En Ecuador, aunque en menor escala, existen señales de concentración económica en sectores estratégicos, lo que puede afectar la competencia y debilitar la capacidad redistributiva del Estado. Según el economista Branko Milanovic, romper el vínculo entre poder económico y político es difícil porque las personas que lo ejercen saben lo necesaria que es esa influencia para mantener su posición. Este contexto exige fortalecer las instituciones y garantizar mayor transparencia en la formulación de políticas. Tal como señala Stiglitz, los vacíos legales suelen ser aprovechados para minimizar la carga fiscal, debilitando el impacto redistributivo. En suma, superar este desafío requiere una estrategia que combine política fiscal, inversión en capital humano, mayor control e información de la evasión tributaria y el lavado de activos. (O)