«En Ecuador no hay presidencialismo ni parlamentarismo. Hay un tercer sistema de gobierno: el hiperpresidencialismo».
Con esa afirmación, el constitucionalista José Chalco Salgado abre un debate sobre la forma en que se ejerce el poder en el país y el papel que ha desempeñado la Constitución en ese proceso.
En Hiperpresidencialismo a la ecuatoriana, el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad del Azuay (UDA) analiza la evolución constitucional del país y plantea que el diseño institucional se apartó del presidencialismo clásico basado en la separación de poderes y los controles entre funciones del Estado.
En la obra analiza los mecanismos constitucionales relacionados con las atribuciones del Ejecutivo, la Asamblea Nacional, el Consejo de Participación Ciudadana y los distintos controles entre las funciones del Estado.
Lejos de atribuir esta dinámica a un gobierno en particular, señala que el origen está en el diseño institucional.
El autor propone desmontar ese modelo mediante reformas constitucionales, dictámenes ya emitidos por la Corte Constitucional y una eventual Asamblea Constituyente sustentada en un amplio debate académico y ciudadano.
El libro será presentado este 9 de julio de 2026 a las 11:00, en la Biblioteca Hernán Malo de la Universidad del Azuay.
José Chalco Salgado conversó con El Mercurio sobre la publicación que nace del apoyo de la Universidad del Azuay y de la Universidad Andina Simón Bolívar, como parte de una iniciativa académica de reflexión sobre el constitucionalismo ecuatoriano.
¿Qué motivó la escritura de este libro?
El libro nace de una preocupación permanente: cómo limitar los excesos del poder. Ese ha sido el propósito del constitucionalismo desde su origen, pero la tradición ecuatoriana desde 1830, con su primera carta magna y las 19 constituciones que se han aplicado, ha ido ampliando las atribuciones del Presidente. Con la Constitución de 2008, se asienta con fortaleza esta desviación y llegamos a un hiperpresidencialismo a la ecuatoriana.
¿Por qué afirma que Ecuador tiene un hiperpresidencialismo?
Porque el presidencialismo clásico, como el estadounidense, fue diseñado sobre la separación de poderes y los controles entre las funciones del Estado. Y hay también el sistema de gobierno parlamentario como el europeo.
Sin embargo, Ecuador ha desarrollado un modelo distinto. La Constitución dejó de actuar como un límite al poder y pasó a respaldarlo. Hay un tercer sistema en el Ecuador que es el hiperpresidencialismo, que es darle la apariencia de democracia, pero no lo es, más bien auspicia una autocracia.
¿Qué caracteriza al hiperpresidencialismo que usted describe?
Hay ocho características: una Constitución que deja de frenar el poder y pasa a auspiciarlo; un Ejecutivo con capacidad de imponer una visión vertical del Estado; un Presidente con facultades legislativas mediante decretos, proyectos económicos urgentes; un veto presidencial con efectos que limitan la acción de la Asamblea.
Además, un Consejo de Participación Ciudadana con atribuciones para designar autoridades, que termina debilitando el control legislativo y despierta el apetito de los presidentes; la muerte cruzada; restricciones al juicio político presidencial; y un sistema electoral antidemocrático y antirrepresentativo y por eso quizá tenemos tantas deficiencias en el país este momento.
¿Por qué considera que este debate debe darse ahora?
«Porque el país enfrenta una realidad distinta. La delincuencia ya no es solo el robo o asalto en el transporte público, ya no solo quiere armas de fuego, la delincuencia hoy quiere las instituciones, los poderes, los órganos públicos del Estado para que sean su brazo ejecutor de los delitos».
A eso se suma una creciente desconfianza ciudadana y un deterioro del tejido social. Estamos en un cambio de época en el que hay que evaluar si el diseño constitucional responde a los desafíos actuales y presentar propuestas.
¿Este hiperpresidencialismo depende únicamente del texto constitucional o también de la práctica política?
La Constitución es el instrumento base, pero no el único factor. También existe un problema de cultura política y de cultura cívica. La democracia no termina el día de las elecciones.
Debe ejercerse todos los días mediante el respeto a las instituciones, a las reglas y a los principios republicanos. En ese proceso la educación tiene un rol fundamental.
En escuelas, colegios y universidades debemos educar para el futuro mirando precisamente el espíritu cívico que esta sociedad exige, eso va a permitir que tengamos mejores constituciones, pero sobre todo que se cumplan esas condiciones.
¿Qué papel han tenido la Corte Constitucional y la Asamblea?
La Corte Constitucional tiene la misión de defender la Constitución y, al hacerlo, termina protegiendo un diseño institucional que concentra poder en el Ejecutivo.
Hubo un cambio en 2019 con la Corte presidida por Hernán Salgado, que asumió un papel en la defensa de la institucionalidad. En el último tiempo hay una defensa a la ideología de los jueces, es decir, olvidan ser defensores de la democracia y la república para convertirse en defensores de posiciones ideológicas.
¿Cómo observa la relación actual entre el Ejecutivo y las demás funciones del Estado?
El Ejecutivo ha extendido su influencia sobre otras funciones del Estado y eso no es sano, sucede porque hay una cercanía no deseable entre el Ejecutivo y Judicial y en la mitad está nuevamente el Consejo de Participación Ciudadana, quién designa al Consejo de la Judicatura y al fiscal general del Estado.
La pregunta es sencilla: ¿el Consejo de Participación ha fortalecido la democracia, la independencia de poderes o el control al poder? La respuesta es no, entonces hay que eliminar este engendro constitucional.
¿La gobernabilidad puede convertirse en argumento para ampliar el poder presidencial?
Ese es el discurso de los que les gusta el exceso de poder. Existen países donde los presidentes gobiernan con controles efectivos y eso fortalece la democracia.
Cuando todas las instituciones coinciden con el Ejecutivo hay razones para preocuparse. El disenso, el debate y los acuerdos son señales de una democracia saludable; la unanimidad constante puede ocultar problemas mucho más profundos.
¿Qué efectos tiene el hiperpresidencialismo sobre la democracia?
La democracia requiere separación de poderes, representación, alternancia, control y responsabilidad de los gobernantes. Cuando el Presidente acumula atribuciones y las demás funciones pierden capacidad de control, ese equilibrio se rompe.
Cuando se revisan las disposiciones transitorias de la Constitución de 2008 ahí está la fórmula de cómo el presidente se tomó los otros órganos, esta permitió que el Ejecutivo influyera desde el inicio en la conformación de organismos como el Consejo de Participación, el Consejo Nacional Electoral y el Consejo de la Judicatura. Ese origen explica buena parte de los problemas institucionales que persisten hasta hoy.
¿Cuál es el camino para modificar ese modelo?
El primer paso es aprovechar las reformas y enmiendas que ya fueron habilitadas por la Corte Constitucional. Una de ellas permite trasladar varias competencias del Consejo de Participación a la Asamblea Nacional, lo que ayudaría a recuperar parte del equilibrio institucional.
Después debe abrirse un debate más amplio sobre la necesidad de una Asamblea Constituyente, pero con una propuesta clara y seria. No puede convertirse en un proceso improvisado ni en un mecanismo para concentrar nuevamente el poder.
¿Qué tan complicado puede ser esto en la situación política actual?
Tenemos que empezar ya. En el Ecuador acampamos mucho en los problemas, hay que dejar eso y presentar soluciones. El último capítulo del libro se denomina Un propósito nacional.
«Si nos unimos para intentar ganar un mundial de fútbol, cómo no nos vamos a unir por cosas más sustantivas como es defender la diversidad, la libertad, los derechos, la vida en democracia. Esta causa debería unir al país».
Esto se logra desde la comprensión de los problemas y los retos de este cambio de época para empezar a ajustar la actual Constitución para poner límites al ejercicio del poder.
¿Qué papel deben asumir las universidades?
La universidad no puede limitarse a formar profesionales; debe contribuir al debate nacional. Tiene la responsabilidad de analizar los problemas del país y proponer soluciones desde el conocimiento.
Este libro busca precisamente eso: acercar una discusión constitucional a la ciudadanía y promover un propósito nacional basado en la defensa de la democracia, la libertad y las instituciones.
¿Qué debate es urgente para el país?
Ecuador tiene una Constitución que ya ha sido puesta a prueba y está cercana a cumplir 20 años de vigencia. Como ocurre con toda norma jurídica, está sujeta a mejorar, construir y evolucionar.
El país debe plantearse un debate serio, más aún cuando estamos a puertas de las elecciones seccionales. Si Ecuador decide emprender una reforma o incluso una nueva Constitución, debe hacerlo con objetivos claros y sustentados en una discusión académica y técnica que fortalezca las instituciones.
El país necesita construir un propósito nacional que vaya más allá de los gobiernos de turno. Es una tarea urgente. (I)
DATOS
- El libro está disponible en acceso libre a través de las plataformas digitales de la Universidad del Azuay.
- La edición física puede adquirirse en Cuenca en Sodilibro; en Quito, en la librería de la FLACSO y la Universidad Andina; además, tiene distribución nacional a través de Librimundi y Librería Española.
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