Ecuador llega a un nuevo 1 de mayo con una paradoja evidente: hay empleo, pero no hay trabajo digno. Las cifras lo sostienen. El empleo adecuado, según los datos del INEC, apenas alcanza el 32,1% de la población económicamente activa, lo que implica que casi siete de cada diez trabajadores están en condiciones de informalidad, subempleo o formas precarias de inserción laboral. La informalidad, por sí sola, supera el 56%, una constante desde la pandemia. A esto se suma una caída del ingreso promedio mensual, que en marzo de 2026 se ubicó en USD 429, por debajo del salario básico de USD 482 y lejos del costo real de vida. Más de tres millones de personas se encuentran en categorías de empleo no pleno, trabajando menos de 40 horas o con ingresos insuficientes, sin posibilidad real de mejorar su condición. 

La lectura macroeconómica ofrece otra imagen. Un desempleo que ronda el 2,9% podría sugerir un mercado laboral saludable, pero esa cifra oculta la precariedad de fondo. La jornada promedio efectiva está por debajo de las 40 horas legales, no por elección sino por falta de oportunidades laborales completas. Las brechas también se profundizan: las mujeres trabajan menos horas en promedio y concentran mayores niveles de informalidad. En este contexto, la reducción del riesgo país o otros datos macroeconómicos no alcanzan para describir la experiencia cotidiana de los trabajadores. La consigna histórica que dio origen al Día del Trabajador -ocho horas para trabajar, ocho para descansar y ocho para vivir- partía de una idea básica: el trabajo debía garantizar condiciones mínimas de dignidad. Hoy, en Ecuador, esa premisa está en entredicho. No se trata de cuánto se trabaja, sino de la imposibilidad de que ese trabajo asegure ingresos suficientes, protección social y estabilidad.

El reto para el Gobierno es concreto y medible. El plan presentado ante el Consejo Nacional Electoral prometía dinamizar el empleo, atraer inversión y mejorar las condiciones del mercado laboral. A dos años y medio de gestión, los indicadores muestran estancamiento en la formalización, deterioro del ingreso real y expansión del empleo precario. La política pública no ha logrado revertir la estructura de informalidad ni generar suficientes plazas de trabajo adecuado. El 1 de mayo no interpela desde la memoria, sino desde la evidencia: el país necesita que el empleo deje de ser una estadística y vuelva a ser una garantía mínima de vida.