Los Gobiernos de Ecuador y de Colombia deberían acatar la resolución, aunque administrativa, de la Comunidad Andina (CAN): retirar los aranceles recíprocos, impuestos mutuamente desde enero de 2026.

La actividad comercial en la frontera entre los dos países sufre las consecuencias de una decisión ampliamente cuestionada. Con mayor razón las importaciones y exportaciones de lado y lado.

Si bien el Gobierno ecuatoriano acaba de resolver que la tasa arancelaria, disfrazada como de tasa de seguridad, a partir de junio próximo no será del 100 % sino del 75 %, no resuelve el problema, lo ablanda.

Según la CAN, el alza recíproca de los aranceles vulnera el Acuerdo de Cartagena, un tratado constitutivo suscrito por ambas naciones integrantes del organismo regional en 1969.

Hace hincapié en que la decisión ecuatoriana de habilitar exclusivamente el puente internacional de Rumichaca como único punto de ingreso para las mercancías colombianas por vía terrestre, también es una restricción al comercio en la región.

A la hora de cierre de este editorial, el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae), de manera escueta informó que lo emitido por la CAN “no es una sentencia del Tribunal Andino sino una resolución administrativa de la Secretaria General”.

De hecho, ese Tribunal debe resolver la demanda interpuesta por Colombia en febrero pasado, argumentando que la “tasa de seguridad” “constituye en realidad un gravamen arancelario contrario a la normativa comunitaria andina, que prohíbe la imposición de arancelas entre los países miembros del bloque”.

A juzgar por la aclaración de la Senae, no habría el mínimo interés por acatar la resolución administrativa de la CAN.

A lo mejor, esperar la resolución del Tribunal Andino; o, presuntamente, aguardar para ver quién será el nuevo presidente de Colombia con el cual dialogar.

¿Y si es el candidato promovido por Gustavo Petro?