Al igual que en otras ciudades del Ecuador, en Cuenca fueron retiradas 26 cámaras de videovigilancia instaladas en postes de alumbrado público.

Lo hizo el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 en coordinación con la Intendencia General de Policía.

Llama la atención que la instalación de esos dispositivos no haya sido previamente autorizada por autoridad competente; peor, que el monitoreo lo realice el ECU 911 o el municipal Consejo de Seguridad Ciudadana.

¿A cargo de quién estuvo el monitoreo?

En el sector de la Feria Libre, concretamente de su mercado, según los comerciantes que se atribuyeron la instalación hacía varios años, las cámaras ayudaban a reforzar la seguridad en los exteriores, activando las alarmas de ser el caso.

No deja de ser sintomático que otras cámaras, en similares circunstancias, hayan sido colocadas en el barrio Cayambe, donde funcionan varios prostíbulos en cuyos alrededores han ocurrido crímenes al estilo sicariato y otros delitos.

También vale interrogar, ¿quién las monitoreaba?

No es menos cierto que, como lo registran operativos policiales realizados en otras urbes, los grupos de delincuencia organizada, también cuentan con esa tecnología para monitorear los movimientos de la fuerza pública o el de otros grupos rivales para escapar.

Claro, no es este el caso en la feria libre; pero conviene insistir: los dispositivos de videovigilancia, primero, su instalación debe ser autorizada por autoridad competente; segundo, que el monitoreo permanente esté a cargo de los organismos responsables de la seguridad ciudadana.

Tratándose del espacio público, nadie en particular puede instalar esa tecnología por cuenta propia, por más que el fin sea el que se supone.

Entendemos que las autoridades, incluso sin necesidad de petición expresa, instalarán otras cámaras en aquellos sectores y, además, las monitorearán. Mientras más pronto procedan, mejor.