Luego de seis meses de espera, al fin la Corte Constitucional ha dado un veredicto sobre el asunto planteado por la Señora Roldán sobre su pedido de que se legalice la eutanasia y ella, y otras personas, puedan ejercer su derecho de morir cuando quieran por padecer enfermedades incurables y dolorosas. Es increíble que esos jueces constitucionales se hayan tomado tanto tiempo ante un asunto que era urgente. Como a ellos no les duele nada se toman un tiempo exagerado.
Pero, por si ese tiempo fuera poco, nos venimos a enterar de que, para hacer posible conseguir ese derecho aún se necesita dos meses para que el Ministerio de Salud elabore el reglamento, que el Defensor del pueblo tiene seis meses más para algún otro trámite y que, finalmente la Asamblea nacional tiene un año más para otra cosa. Este país es el infierno de los trámites, de las firmas y de los reglamentos. Hay que ver si los plazos señalados en líneas anteriores se cumplen o tendremos que ver las demoras e incumplimientos de costumbre.
Ella nos dice que tuvo que vivir 162 días, 3888 horas de un sufrimiento indecible que esa burocracia insensible, y por eso odiosa, se ha tomado un tiempo exagerado para decidir algo que era urgente. “Ahora quiero ver si por las venas de este país corre sangre de justicia y humanidad o si seguimos en el retrógrado pensamiento que enaltece el sufrimiento” ha dicho hace días, reclamando que su pedido era urgente porque ella sufría de manera intolerable sin que esos jueces lo entendieran.
En nuestro país hay unas 58 personas con enfermedades neurodegenerativas sin cura que podrían beneficiarse con esta modificación de la ley, en caso de que así lo desearan, puesto que no es algo obligatorio. Así seríamos el segundo país en América Latina que establece esta posibilidad, después de Colombia, ya que se modificará el artículo 144 del COIP, referente al homicidio, en el que condena a “la persona que mate a otra” con penas de entre 10 y 13 años de cárcel. Será pues legal la intervención de un médico. Uruguay y Chile aún siguen debatiendo proyectos al respecto. En tanto, en México rige el derecho al “buen morir”, que permite a los enfermos o familiares pedir que no se mantenga la vida por medios artificiales. (O)
