En un proceso electoral, desde que comienza, la confianza en el ente rector es fundamental.

La debe tener toda la ciudadanía, los partidos y movimientos políticos, en fin, todos quienes creen la democracia, en la institucionalidad del país.

Nos referimos al Consejo Nacional Electoral (CNE) que, en poco tiempo, ha tomado decisiones ácidamente cuestionadas.

Su decisión, no unánime, de adelantar la fecha de los comicios no ha convencido a la gran mayoría de ecuatorianos, que ve en ella otros intereses y porque viola la ley.

Empero, ha sido confirmada por el Tribunal Contencioso Electoral, otro organismo que no solamente debe parecer sino ser confiable.

Otra de sus resoluciones que dan mucho de qué hablar, que hasta generan suspicacias, es la eliminación del registro electoral de dos agrupaciones políticas: Unidad Popular y Construye.

Tampoco ha sido tomada por unanimidad. Al contrario, fue determinante el voto dirimente de quien dirige el CNE.

Según analistas de temas electorales, esa decisión refleja una grosera violación a la ley en lo relacionado a los tiempos previstos para borrar a una agrupación política por no cumplir requisitos que le permitan estar activa.

Se hace costumbre tomar decisiones en base a antojadizas interpretaciones de los tiempos verbales en los que están redactados ciertos artículos de una determinada ley.

Resoluciones subjetivas, acomodadas a quien sabe qué intereses; conjugando los verbos, asimismo de acuerdo a las conveniencias, restan credibilidad y confianza en quienes las toman. 

La disputa política, en este caso la electoral, debe ser limpia, con árbitros imparciales, que respeten la ley a rajatabla, no interpretándola en clave.

Todos los actores políticos, agrupados en partidos y movimientos, tienen derecho a participar en igualdad de condiciones. 

Si incumplen la ley deben ser sancionados, pero no manipulándola de manera burda.