En un país donde apenas el 70 % de la población tiene acceso a agua segura, el debate público debe elevarse y generar propuestas ante los conflictos por el agua. Entre los principales problemas están la contaminación de los ecosistemas fluviales por la falta de tratamiento de aguas residuales y los efluentes de la minería ilegal.

A ello se suma el debilitamiento de la Autoridad del Agua tras fusiones institucionales. Este proceso redujo su presencia territorial, limitó el asesoramiento técnico y dificultó la planificación de infraestructura.

Persisten los riesgos climáticos, la pérdida de biodiversidad y la inseguridad jurídica. Desde 2022, el país mantiene una Ley de Aguas declarada inconstitucional, con efectos diferidos, sin que exista una nueva normativa. Esta situación puede ser una oportunidad para regular las aguas subterráneas, la seguridad hídrica, otros modelos de gestión, la relación entre agua y cambio climático y los fondos de agua.

Un informe de la AECID y el CSIC advierte problemas en la prelación de usos, la institucionalidad y la coordinación entre niveles de gobierno. También señala que muchos actores políticos conocen poco sobre gobernanza del agua, no la consideran prioritaria y recurren al tema cuando les conviene.

A ello añado la conflictividad socioambiental, vinculada con la falta de información pública, transparencia y participación ciudadana, así como con el incumplimiento de consultas ambientales y previas.

Frente a este panorama, no se trata de postulados retóricos, sino de obligaciones constitucionales y legales. Es necesario profesionalizar la función pública y la gestión del agua, y promover acuerdos duraderos sobre su uso y la explotación de recursos, con participación política, institucional y ciudadana. (O)

@andresmartmos