Hace una semana planteamos una reforma legal para que los independientes puedan ser auspiciados por un partido político y poder participar como candidatos, pero por una sola ocasión. Ello impediría esta especie de “vacaciones ideológicas”, de que gozan en la actualidad algunas figuras políticas y que les permite candidatizarse, según soplen los vientos. 

Otra reforma es aquella que tiene que ver con el control del gasto electoral, control que, con la ley vigente se ha convertido en una farsa grotesca. Cuando se creo el fondo partidario, hace algunos años, el objetivo fundamental era el de promover la participación igualitaria de los candidatos a tal o cual dignidad, desde el punto de vista de la cantidad de dinero invertido en una campaña. Al pasar la publicidad electoral a manos del Estado, se pensaba eliminar aquellas distorsiones tradicionales en que los candidatos con más “cushqui” tenían más chance de ganar una elección. Pero entonces, la viveza criolla creo las camisetas, los gorros, los pañuelos, los eventos, las dádivas, el personal pagado, etc, y las buenas intenciones quedaron en nada. La reforma legal consistiría en convertir a los “proveedores” electorales en sujetos de infracciones electorales, así como en establecer “cero tolerancia” para los financistas de las campañas. 

Finalmente, debería establecerse un registro oficial para los afiliados de todos los partidos políticos existentes en el país. Tanto los partidos como el Consejo Nacional Electoral deberían contar, indefectiblemente, con tal registro, el mismo que, a más de incluir los datos del afiliado, debería actualizarse, por ejemplo, cada tres meses, y ser de libre acceso, físico o virtual, para el público. Actualmente, esta información es incompleta y falsa, en un significativo porcentaje, y, como la manejan los partidos, lo hacen a su antojo y según sus conveniencias. Si la afiliación a un partido político es un acto libre y representa parte de la participación ciudadana en los procesos democráticos, pues tales afiliaciones, al constituir documentos públicos, deben ser manejadas con pulcritud y en cumplimiento de normas que garanticen su correcta utilización. (O)