Lento y salpicado de cuestionamientos. El proceso de selección para el nuevo fiscal general del Estado en el país enfrenta crisis y polémica. Esto, tras las recientes denuncias de supuestas irregularidades que han comenzado a ganar espacio.
José De La Gasca, exministro de Gobierno de Daniel Noboa y ahora postulante a fiscal general del Estado, rompió el silencio y rechazó públicamente los resultados de la fase de méritos presentados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) dentro del proceso.
De La Gasca obtuvo una calificación de 41 puntos sobre 50, lo cual lo ubica actualmente en el séptimo puesto del escalafón entre todos los concursantes. Según el reclamo, la puntuación asignada no guarda relación con su trayectoria profesional ni con los documentos entregados en su expediente dentro del proceso.
El reclamo de De La Gasca
De La Gasca calificó el informe de la comisión, que forma parte del proceso, como un documento elaborado al azar o bajo consignas políticas “ajenas al rigor técnico que se exige dentro del plan”.
También sostuvo que la reducción de sus notas carece de una justificación técnica suficiente para validar la transparencia de la actual contienda para escoger al nuevo fiscal.
Para el candidato, este tipo de actuaciones compromete seriamente la confianza ciudadana en la designación de la máxima autoridad de la Fiscalía. Las críticas apuntan directamente a los comisionados encargados de valorar las carpetas de los profesionales inscritos en este concurso de selección.
El exministro exigió al CPCCS una intervención para garantizar que el proceso cumpla con los estándares mínimos de seriedad y justicia.
Según su comunicado, difundido en redes sociales, el informe de méritos actual es superficial y no refleja los logros académicos documentados durante la etapa de postulación física.
El aspirante considera que existe una intención deliberada de excluir perfiles específicos de las etapas finales de este importante concurso de méritos.
¿Cuándo será la impugnación?
José De La Gasca anunció, a través de un comunicado, que presentará una impugnación formal para exponer las inconsistencias detectadas en la evaluación de su hoja de vida profesional.
El postulante advirtió que su reclamo no será un mero trámite administrativo, sino una defensa técnica de cada uno de sus puntos. Cada nota deberá justificarse ante la opinión pública para evitar sospechas de manipulación en el sistema de selección de la nueva autoridad.
El abogado pretende demostrar que los evaluadores ignoraron certificaciones legales y méritos académicos que debían otorgarle una ubicación mucho más competitiva.
El CPCCS ha subrayado que el modo de elección responde a la necesidad de otorgar transparencia y equidad a una etapa considerada definitoria. El proceso administrativo de impugnación permitirá que la comisión revise nuevamente los documentos presentados para corregir posibles errores en la suma de los puntajes.
Este recurso legal es la última herramienta que tienen los aspirantes para modificar su posición antes de las pruebas de conocimientos técnicos.
