En una democracia, influir en las decisiones públicas no es necesariamente ilegítimo. Empresas, gremios, organizaciones sociales, universidades y ciudadanos tienen derecho a presentar argumentos y defender intereses. El problema surge cuando esa influencia permanece invisible. Ecuador necesita reglas claras para transparentar la gestión de intereses y fortalecer la integridad pública. Una legislación moderna debería permitir …


