Además del desenlace sobre el caso Sinohydro, la atención del país gira en torno a otro de no menos envergadura en materia de corrupción: el caso Progen, calificado por la Fiscalía como caso Apagón.

Parecería que en este último están involucrados los que son y los que no son; es decir, no están todos los que deben estar.

Investigaciones periodísticas y explicaciones, acaso desesperadas,  de varios de los sindicados, también de los que, quién sabe por qué, no lo fueron, conducen a preguntas como: ¿“En dónde esta la plata”? ¿Quién o quiénes la distribuyeron, entre quiénes? ¿Qué mecanismo financiero utilizaron para hacerlo? ¿En dónde, además?

Nos referimos a los más de $110 millones entregados a la norteamericana Progen asociada con la ecuatoriana Astrobryxa. A cambio de instalar energía termoeléctrica en las centrales Quevedo, Salitral y Catamayo, montaron chatarra.

El “engaño”, más claro, la estafa, fue detectada por la Contraloría, más el agravante de que quienes firmaron el contrato y aquellos que antes lo supervisaron, no exigieron la entrega de garantías. 

Resulta que ahora todos quieren saber en qué lado ese dinero se hizo humo.

Las pesquisas para saberlo están en marcha, incluso pedidas por dos de los sindicados, según ellos, sin razón; incluso el uno pese haber colaborado con Fiscalía.

Tal parece que el caso no ha merecido una investigación a fondo. Han obviado indagar la trazabilidad del dinero; igual, desenredar todo el ovillo para conocer a los autores, directos e indirectos, del enredo.

Por ventaja, la justicia de Estados Unidos negó la pretensión de Astrobryxa para que el caso sea tratado como un proceso de arbitraje privado y confidencial. ¿Para qué lo quería?

Progen se ha distanciado de Astrobryxa, contra la cual ha levantado una serie de sospechas, incluyendo a la CELEC. 

Si la investigación luce incompleta y no se sindica a todos los sospechosos, ¿qué se puede esperar?